Los fiscales australianos tendrán que tener permiso al Gobierno para presentar cargos contra periodistas

SÍDNEY 30 Sep. (Reuters/EP) -

Los fiscales en Australia necesitarán permiso del Gobierno antes de que puedan presentar cargos contra periodistas locales, una decisión que llega después de que en junio la Policía hiciera registros en dos medios por supuesta revelación de secretos, según ha informado este lunes el fiscal general australiano, Christian Porter.

En junio, la Policía de Australia registró la dirección de la radiotelevisión pública australiana ABC y la casa de la directora de News Corp por sospechas de que esos medios podría haber recibido documentos secretos.

Los registros implicaron el análisis de 9.000 documentos informáticos en la dirección la ABC por parte de los investigadores que, según la prensa australiana, llegaron a revisar el cajón de ropa interior de la directora de News Corp en su domicilio en busca de los documentos secretos.

La Policía australiana recibió críticas a nivel internacional por los registros de los directivos de medios y la radiotelevisión pública británica denunció que eran "profundamente preocupantes". Porter ha dicho que ahora los fiscales tendrán que tener autorización del fiscal general antes de poner en marcha un procedimiento.

"Esto permitirá una consideración más detallada y cauta sobre cómo una acusación por un delito grave debe estar equilibrada con nuestro compromiso con la libertad de prensa", ha afirmado Porter, en un mensaje enviado por correo electrónico.

Porter ha dicho que la directiva de la Fiscalía General a este respecto fue publicada el 19 de septiembre. De acuerdo con la legislación australiana, los fiscales pueden presentar cargos si la Fiscalía General cree que hay posibilidades razonables de condena y el proceso respalda el interés público.

La ABC ha dicho que el registro de su sede fue una represalia por una serie de noticias publicadas en 2017 sobre acusaciones contra militares australianos por comportamiento irregular en Afganistán. News Corp ha asegurado que el registro de la casa de su directora fue la respuesta a un artículo sobre los planes del Ejecutivo de investigar correos electrónicos de ciudadanos australianos, sus mensajes de texto y las cuentas bancarias.

Australia no tiene salvaguardas a la libertad de expresión en su Constitución. Cuando el Gobierno reforzó su ley de contraespionaje en 2018 incorporó una cláusula para proteger a los denunciantes anónimos.