Las autoridades se niegan a permitir el enterramiento de Mursi en su cementerio familiar
EL CAIRO, 17 (Reuters/EP)
El Ministerio del Interior del Gobierno egipcio habría declarado el estado de alerta en respuesta a los llamamientos a la movilización tras la muerte del expresidente Mohamed Mursi, fallecido este lunes por un ataque al corazón, según ha confirmado la televisión estatal.
En particular las fuerzas de seguridad estarían extremando la vigilancia en la provincia de Sharqiya, en la parte oriental del delta del río Nilo, ya que se trata de la región natal de Mursi y en la que podría celebrarse su funeral.
De hecho, Abdulá Mohamed Mursi, hijo del expresidente, ha revelado que las autoridades han rechazado permitir que Mursi sea enterrado en su cementerio familiar. Mursi hijo ha explicado en declaraciones a Reuters que ahora mismo no saben dónde está el cuerpo del expresidente y que su único contacto con las autoridades es a través de los abogados de la familia.
Mursi ha comparecido para testificar en un juicio en el que está acusado de espionaje por mantener contactos con el grupo palestino Hamás cuando se ha desmayado. Ha sido trasladado al hospital de la prisión de Tora, donde se ha podido solo certificar su muerte. En la prisión también hay un importante despliegue de seguridad en la noche de este lunes.
Un abogado de Mursi, Abdelmenem Abdel-Maqsud, ha recordado el precario estado de salud de Mursi. "Presentamos varias solicitudes para que recibiera tratamiento. Algunas fueron aceptadas y otras no", ha explicado el letrado en declaraciones a Reuters.
Mursi, de 67 años, se convirtió en 2012 en el primer presidente electo del país, después de imponerse en los comicios celebrados tras la caída de Hosni Mubarak un año antes, y fue derrocado en 2013 en un golpe de Estado militar.
Tras su salida del cargo, fue detenido y juzgado por numerosos casos --en uno de ellos llegó a ser condenado a muerte-- que él rechazó y describió como una campaña política en su contra.
Mursi tenía al menos seis causas pendientes y llevaba casi seis años en la cárcel por casos como el que le implica en la muerte de manifestantes durante las protestas opositoras. Además, fue condenado a cadena perpetua por espionaje vinculado con Qatar. En su periodo en prisión, solo se le han permitido tres visitas familiares.
