MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Guatemala han usado este martes gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que protestan para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
Los enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes han tenido lugar en una aldea de la localidad de Chimaltenango, a unos 50 kilómetros de la capital del país, donde se encuentra una presa de agua. En la víspera, más de un centenar de personas llegaron al lugar con la intención de tomar las instalaciones, pero fueron repelidos por la Policía.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, ha indicado que la Policía reaccionó "a los intentos de los pobladores, algunos de ellos con el rostro cubierto, de tomar el control de esta presa" que está bajo la administración de la Empresa Municipal de Agua, recoge el periódico guatemalteco 'Prensa Libre'.
Los manifestantes han asegurado que su intención no es bloquear el servicio de agua hacia los distintos municipios, sino que permanecían fuera de la instalación para exigir las renuncias de los funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial.
La fiscal general aseguró este lunes que los bloqueos de carreteras en el marco de las protestas en su contra son "acciones ilegales" que vulneran los derechos de la población guatemalteca y que serán investigados por la Fiscalía. Por su parte, el presidente saliente señaló que "no se tolerarán actos fuera de la ley" y abogó por "encontrar formas de diálogo".
No obstante, la Corte de Constitucionalidad ha otorgado amparo provisional que garantiza "el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento", mientras que ha reiterado "su compromiso para continuar preservando el orden constitucional".
A su vez, ha pedido coordinar acciones que garanticen que los guatemaltecos realicen sus actividades diarias "sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación", protegiendo derechos a la vida, salud, seguridad, paz, entre otros.
"Este tribunal conmina a gobernantes y gobernados a observar y acatar el presente pronunciamiento de forma tal que se garantice el pleno respeto de los derechos de las personas, consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala", reza un comunicado del organismo.
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