El Gobierno de Maduro inicia acciones legales para recuperar sus activos bloqueados en el extranjero

Vice President of Venezuela in Moscow
-/Russian Foreign Ministry/dpa
Publicado: sábado, 2 marzo 2019 21:07

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado el comienzo de las acciones legales para recuperar los activos financieros del país bloqueados en el extranjero, como medida de presión para forzar la salida del poder del presidente del país, Nicolás Maduro.

"En el caso de Europa, donde han sido congeladas las cuentas venezolanas, ya nosotros hemos iniciado acciones concretas jurídicas, hemos contratado abogados para la defensa de nuestros intereses y específicamente en el tema del oro que está secuestrado en el Banco de Inglaterra", ha asegurado en una entrevista con el canal RT.

Rodríguez ha señalado además, que el Gobierno de Venezuela no puede tomar medidas legales en EEUU, a cuyas autoridades ha acusado de "romper todas las reglas de las inversiones internacionales". "Allí ni siquiera nos permiten ejercer el derecho a la defensa", ha aseverado.

El viernes, la alta diplomática declaró en una rueda de prensa con el canciller ruso, Sergei Lavrov, que la oficina de la petrolera venezolana PDVSA en Lisboa se trasladará a Moscú porque, entre otras razones, Europa no puede garantizar la integridad de los activos de Venezuela.

El Gobierno ruso ha expresado su respaldo al presidente Maduro, en el marco de la crisis política que sacude al país, recrudecida el 23 de enero por la decisión del líder opositor Juan Guaidó de autoproclamarse "presidente encargado".

El movimiento de Guaidó ha sido reconocido por Estados Unidos, Canadá, la mayoría de países latinoamericanos y numerosos países europeos, incluido España. México, Uruguay y la UE, por su parte, han apostado por reactivar la comunicación entre las partes.

Guaidó ha prometido convocar elecciones presidenciales esgrimiendo que las del pasado 20 de mayo, en las que Maduro basa su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, no respetaron los estándares democráticos, una premisa que comparte la mayoría de la comunidad internacional.

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