CIUDAD DE MÉXICO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno mexicano ha impuesto una inhabilitación de cuatro años a la constructora brasileña Odebrecht para conseguir contratos públicos debido a los "cobros indebidos" a la petrolera estatal PEMEX, que se enmarcan en un escándalo de corrupción de dimensión regional.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha explicado que esta sanción impedirá a Odebrecht "participar en algún procedimiento de contratación o celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Federal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas cuando usen recursos federales".
Según ha indicado la SFP en un comunicado, Odebrecht realizó "un cobro indebido de 119 millones de pesos (unos cinco millones de euros) de costos indirectos, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería Miguel Hidalgo, convenio también conocido como Tula 1".
"Como resultado de la investigación (..), la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra la empresa constructora y sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de PEMEX", ha recordado.
Además, la institución mexicana ha aprovechado para reiterar su compromiso de "seguir avanzando en las investigaciones, con el propósito de sancionar en materia administrativa toda conducta que pudiera ser contraria a la ley".
La Auditoría Superior de México dijo en un informe reciente que los pagos "improcedentes" de Odebrecht a PEMEX superaban los 700 millones de pesos (31 millones de euros). Por su parte, el diario brasileño 'O Globo' publicó una declaración de un ex ejecutivo de Odebrecht afirmó que el ex director de PEMEX Emilio Lozoya recibió sobornos a cambio de un contrato de 115 millones de dólares (98 millones euros) para las obras en la refinería de Tula.
Odebrecht está siendo investigada en varios países de la región por los sobornos que pagó a cambio de conseguir millonarios contratos públicos. En algunos países, como Brasil o Estados Unidos, ha llegado a acuerdos con la Fiscalía en los que se compromete a devolver el dinero y entregar información.
