MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La justicia ecuatoguineana ordenó ayer jueves la puesta en libertad del periodista Rodrigo Angüe Nguema, corresponsal de la Agencia France-Presse (AFP) y Radio France Internationale (RFI), quien estana encarcelado en el penal malabeño de Black Beach desde el pasado 17 de junio bajo la acusación de haber difundido una información falsa, pero ha exigido a los medios de comunicación para los que trabaja que pague, de forma "solidaria", una indemnización de 40.000.000 de francos CFA, casi 61.000 euros.
"A punto de cumplir cuatro largos meses languideciendo en el penal de Black Beach, una de las más peligrosas de África negra, el régimen de Malabo hubo que ceder ante las presiones de organizaciones internacionales en materia de libertad prensa, especialmente Reporteros Sin Fronteras, que hace poco se entrevistó en París con el embajador de Guinea Ecuatorial, Federico Edjo Ovono, a quien expresó su malestar por el arresto arbitrario e insidioso del periodista", afirmó este viernes en un comunicado la Asociación para Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial (ASOLPEGE).
"El raquítico proceso judicial" contra el periodista, según la organización, comenzó a mediados del mes de abril, cuando el periodista difundió a través de AFP y RFI una información según la cual Mamadou Jaye, de origen gambiano y director de la compañía aérea nacional Ceiba, había huido del país llevándose 3.500 millones de francos CFA (alrededor de 5 millones de euros).
El periodista se había hecho eco de unos rumores que circulaban por Internet, y que había contrastado con fuentes locales, procedentes entre otros sitios del aeropuerto de Malabo. La información resultó ser falsa y Rodigo Angüe Nguema lo reconoció. El director de Ceiba publicó un desmentido en ambos medios internacionales y además denunció al periodista por "difamación".
"La información, que no estaba lejos de la verdad, a raíz de los graves escándalos de corrupción y de blanqueo de dinero que arrastra Ceiba Intercontinental y donde Mamadou Jaye se presenta como el principal testaferro, fue desmentida por éste y ratificada de inmediato por AFP y RFI, cumpliendo con el derecho de rectificación", recordó ASOLPEGE.
"Sin embargo, Jaye apoyado por el ministro de Transportes, el multimillonario Enrique Mercader Costa, denunciaron al periodista y obligaron a una justicia sumisa emprender acciones 'legales' contra Rodrigo al margen de los presupuestos jurídicos previstos en el corrupto sistema judicial del país", denunció la organización.
El pasado 1 de septiembre, durante el juicio oral y público, "el fiscal no formuló ninguna acusación contra el periodista, al no hallar indicios constitutivos de delitos del presunto delito de difamación del que fue acusado", prosiguió. "La postura del fiscal desautorizaba de inmediato el auto de instrucción del juez Agustín Chicampo Barrila", que decretó la prisión preventiva del periodista bajo fianza de 20.000.000 de francos CFA, unos 30.500 euros, agregó.
Según ASOLPEGE, "el juicio contra el corresponsal de AFP y de RFI fue mas bien una auténtica caza de brujas, para amordazar al único periodista de la prensa extranjera que ejerce en Guinea Ecuatorial, país negroafricano que no tolera la libertad de prensa ni el libre ejercicio del periodismo". "Los medios de comunicación de titularidad estatal están bajo un férreo control gubernamental y del partido en poder, y únicamente se dedican al narcisismo político y a cantar loas al tirano Teodoro Obiang", prosiguió.
PAGO "SOLIDARIO"
Aparte, la justicia de Malabo decidió también ayer que AFP y RFI, deben pagar de forma "solidaria" la cantidad de 40.000.000 de francos CFA. "Se trata de una sentencia más que insólita, viciada por las prácticas de corrupción que orean al sistema judicial y al régimen guineano en general", aseveró ASOLPEGE.
"Si todos los guineanos viven prácticamente bajo eterna libertad provisional debido a la amplia inseguridad jurídica creada por el propio sistema para aterrorizar a la población, quienes se atreven a practicar el libre ejercicio del periodismo o hacer uso de los derechos de libertad de expresión, opinión o manifestación, se exponen aún más a los continuos amordazamientos del régimen y sus brutales fuerzas de seguridad", denunció.
