Archivo - Personas con velas participan en una campaña de concienciación sobre el VIH/sida con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida en Yakarta, Indonesia - Agung Kuncahya B. / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que los recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos en 2025 han puesto fin de manera abrupta a servicios esenciales de prevención y atención del VIH --virus que puede derivar en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sida-- para personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Indonesia, ya afectadas por discriminación y detenciones arbitrarias, especialmente tras la entrada en vigor a inicios de 2026 de un nuevo código penal que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo.
"El desmantelamiento de la USAID por parte de la administración Trump eliminó servicios que ayudaban a las personas LGBT en Indonesia a acceder a prestaciones vitales, en un entorno marcado por el estigma, la discriminación y el miedo", ha afirmado la investigadora sénior de salud en Human Rights Watch Julia Bleckner, que ha reclamado que "Indonesia y los donantes internacionales deben restablecer la atención antes de que más personas queden excluidas del tratamiento, más individuos mueran por causas evitables y se pierdan décadas de progreso en la lucha contra el VIH".
Ante esta situación, HRW ha publicado un informe bajo el título "'Queremos que nos traten como seres humanos': El impacto de los recortes en la ayuda exterior de EEUU en la prevención y atención del VIH/sida en Indonesia" en el que documenta cómo el desmantelamiento por parte de la Administración de Donald Trump de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) derivó en la eliminación de servicios destinados a personas con mayor riesgo de contraer el VIH, lo que generó barreras adicionales para acceder a pruebas, medidas de prevención y tratamientos que salvan vidas.
Según el sitio web del Gobierno estadounidense que realiza el seguimiento de la ayuda exterior, los fondos asignados para el VIH en Indonesia disminuyeron de 11,9 millones de dólares (10,7 millones de euros) en el año fiscal 2024 a 7,9 millones de dólares (7,1 millones de euros) en el año fiscal 2025, afectando a "todas las iniciativas de prevención y atención a nivel comunitario financiadas por la USAID dirigidas a las poblaciones LGBT", ha recogido Human Rights Watch, que afirma no haber recibido respuesta ni del Departamento de Estado de Estados Unidos ni de los ministerios de Salud e Interior de Indonesia a sus consultas sobre el impacto de los recortes.
Según los datos recabados por la ONG, la prevalencia del VIH en Indonesia es de aproximadamente el 0,4% en la población general, frente al 22% entre los hombres que tienen sexo con hombres y el 25% entre las personas transgénero. Sin embargo, en 2020 --año de los datos más recientes sobre el gasto total-- solo el 0,1% del presupuesto nacional de Indonesia destinado al VIH/sida se asignó a programas para hombres que tienen sexo con hombres, mientras que no se destinó nada específicamente a las personas transgénero.
En cambio, remarca Human Rights Watch, fueron donantes internacionales los que cubrieron el 98% de los programas sobre el VIH para estos colectivos, que a menudo dependen de servicios gestionados por la propia comunidad o de labores de acercamiento (trabajo de campo), debido a la discriminación y el estigma que sufren en los centros de salud pública.
De hecho, ha indicado HRW, ha sido personal de campo el que se ha encargado de distribuir preservativos e información sobre la profilaxis preexposición (PrEP), de ayudar a las personas a acceder a pruebas confidenciales, de acompañar a los usuarios a las clínicas y de fomentar la adherencia al tratamiento antirretroviral.
Asimismo, estos trabajadores han cubierto gastos de transporte y de pruebas, intercedido ante el personal sanitario en nombre de estos pacientes y capacitado a trabajadores de la salud para brindar una atención respetuosa.
No obstante, ha recogido la ONG, el personal de campo ha lamentado haber perdido el contacto con muchos usuarios tras los recortes; anotando que algunos han retrasado la recogida de su medicación o han omitido dosis, mientras que las organizaciones locales ya no cuentan con la capacidad necesaria para realizar un seguimiento de las nuevas infecciones o de las interrupciones en el tratamiento.
CRIMINALIZACIÓN DE RELACIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
La pérdida de estos servicios ha coincidido con una creciente tendencia del Gobierno indonesio a criminalizar y señalar a los grupos en situación de riesgo, ha señalado Human Rights Watch, que ha apuntado directamente al nuevo código penal instaurado el 1 de enero de 2026 y que tipifica como delito cualquier relación sexual consentida fuera del matrimonio heterosexual --pudiendo ser denunciada por familiares cercanos--, "lo que, en la práctica, criminaliza por primera vez las relaciones entre personas del mismo sexo".
"La Policía realiza redadas en reuniones privadas y ha llegado a utilizar la posesión de preservativos o de medicamentos para el VIH como prueba de la comisión de delitos", ha denunciado HRW, que ha alertado de que estas prácticas "disuaden a las personas de portar artículos de prevención, reunirse para recibir apoyo, realizarse la prueba del VIH o buscar tratamiento". Asimismo, la organización ha alertado de que las personas transgénero cuyos documentos de identidad no reflejan su identidad de género pueden verse expuestas a ser llamadas públicamente por un nombre anterior, "lo que las deja vulnerables a la humillación o la discriminación".
Hasta que los efectos de los recortes de ayuda se han hecho patentes, había personal de apoyo acompañando a los pacientes, abogando por un trato respetuoso, ayudando a las personas a obtener documentos de identidad y seguro médico, y capacitando al personal de las clínicas. No obstante, al haberse agotado los fondos, muchas personas deben ahora enfrentar estos obstáculos por su cuenta, ha lamentado la ONG.
El descenso súbito de la financiación, además, no se produjo sólo desde Washington, sino que, como ha recordado la organización, Francia, Japón, Alemania y otros países retiraron su apoyo financiero a la respuesta frente al VIH/sida, una secuencia ante la que la directora ejecutiva de ONUSIDA --el organismo de Naciones Unidas--, Winnie Byanyima, afeó "la interrupción más grave en la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para combatir esta enfermedad".
Ante tal coyuntura, Human Rights Watch, a través de su investigadora de salud Julia Bleckner, ha instado al Gobierno de Indonesia a "dejar de tomar como objetivo a las personas LGBT y empezar a invertir en servicios comunitarios cuya eficacia ha quedado demostrada tanto para prevenir el VIH como para garantizar que las personas sigan recibiendo tratamiento".
Al tiempo, ha reclamado que "Estados Unidos y otros donantes deberían ayudar a reconstruir estos mecanismos vitales, en lugar de abandonar a las personas que dependen de ellos".
