MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este jueves "medidas firmes" para garantizar la rendición de cuentas después de que la misión conjunta de Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) haya responsabilizado al Gobierno de Siria del ataque con gas sarín perpetrado el pasado 4 de abril en la localidad siria de Jan Sheijún, que causó más de cien muertos.
El informe, al que ha accedido la cadena de televisión estadounidense CBS, señala que "el panel está seguro de que Siria es responsable del uso de gas sarín en Jan Sheijún".
Los inspectores del Mecanismo de Investigación Conjunta (JIM, por sus siglas en inglés) que la ONU y la OPAQ pusieron en marcha para aclarar si se usaron armas químicas y quién lo hizo no han podido visitar el lugar y han fundamentado sus descubrimientos en "suficientes pruebas creíbles y destacables".
Entre ellas figuran la responsabilidad de aviones militares sirios que lanzaron las municiones, el cráter causado por el bombardeo, entrevistas con las víctimas y pruebas de laboratorio que apuntan a que el gas sarín habría sido fabricado probablemente usando con un precursor del arsenal original de las autoridades sirias.
"El informe del JIM debería poner fin al engaño y las teorías falsas que han sido difundidos por el Gobierno sirio", ha dicho Ole Solvang, subdirector para Emergencias de HRW.
"El repetido uso por parte de Siria de armas químicas supone una amenaza grave a la prohibición internacional contra el uso de armas químicas. Todos los países tienen un interés en enviar una señal firme de que estas atrocidades no serán toleradas", ha manifestado.
Por ello, HRW ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe imponiendo sanciones sobre las personas y entidades responsables de ataques químicos en Siria. El informe recoge además que Estado Islámico usó gas mostaza en Um Hawash el 15 y 16 de septiembre de 2016.
"Rusia pidió una investigación independiente y aquí está el resultado. La cuestión ahora es si Rusia apoyará la rendición de cuentas por la violación de estas normas internacionales o sacrificará este principio para proteger a su aliado sirio", ha remachado Solvang.
Las conclusiones de la investigación del JIM han sido publicados apenas dos días después de que Rusia vetara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la prórroga de la misión conjunta de la ONU y la OPAQ.
De los 15 países que forman el órgano ejecutivo de la ONU, once votaron a favor de la renovación de la misión, Bolivia y Rusia se opusieron y China abstuvo. Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad --junto a Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido--, lo que implica que tiene el poder de vetar cualquier iniciativa.
La delegación rusa intentó aplazar la votación sobre la prórroga de la misión a la espera de conocer el informe definitivo sobre el ataque, pero su propuesta fue rechazada.
El director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores ruso, Mijail Ulianov, ya sugirió en septiembre que podría retirar su apoyo a la misión por considerar que la investigación sobre Jan Sheijún fue poco seria. "Todavía no existe una respuesta al por qué no han visitado la base aérea de Shairat", apostilló.
"Estamos dispuestos a volver a las discusiones sobre la prórroga tras la publicación del informe el 26 de octubre", adelantó el embajador ruso en la ONU, Vasili Nebenzia, tras la votación del martes. Moscú no se ha pronunciado al respecto por el momento.
EL ATAQUE
Estaba previsto que el JIM presentara este 26 de octubre su informe definitivo sobre el ataque en Jan Sheijún. Los investigadores de la ONU y la OPAQ habían determinado de forma "incontrovertible" en informes anteriores que en el ataque se usó gas sarín, si bien hasta este último informe habían rehusado señalar a los responsables del mismo.
Los países occidentales, liderados por Estados Unidos, no han dudado en responsabilizar a las autoridades sirias de este ataque químico, ya que Jan Sheijún estaba en manos opositoras. En respuesta, el Gobierno de Donald Trump lanzó un ataque aéreo contra una base militar del Gobierno de Bashar al Assad en la provincia Homs.
Al Assad ha negado reiteradamente el uso de armas químicas y ha recordado que, en virtud del acuerdo alcanzado en 2013 --tras otro gran ataque atribuido a Damasco-- con Rusia y Estados Unidos, entregó todos sus arsenales tóxicos a la comunidad internacional para que fueran destruidos.
Tras el ataque, el Gobierno ruso indicó que el Ejército sirio había bombardeado una fábrica de armas químicas en la localidad, descartando un ataque químico por parte de Damasco. El Ejecutivo sirio respaldó posteriormente esta versión.
