Indígenas de la Amazonía: entre la resiliencia y los desafíos de un Perú bajo Keiko Fujimori

Advierten de los planes de la presidenta, que apuesta por flexibilizar las concesiones mineras y petroleras

BAGUA (PERÚ), 25 (De la enviada de Europa Press, Paula Domínguez)

En Umukai, una comunidad indígena situada en el departamento de Amazonas, en Perú, cientos de personas del pueblo awajún viven con cautela un futuro incierto a días de que la conservadora Keiko Fujimori asuma la Presidencia del país el próximo 28 de julio, mientras se enfrentan a crecientes desafíos a su propia supervivencia como los efectos del cambio climático y la falta de inversión por parte del Estado.

Umukai es una de las más de 400 localidades con población total o parcialmente nativa en el norte de Perú, donde coexisten principalmente los awajún y los wampís. Su población no llega a los 830 habitantes, quienes temen que "la selva se venda con fines extractivistas", en palabras de su líder, Aníbal Díaz, en una entrevista a Europa Press en la que advierte de actividades antrópicas como la minería ilegal de oro, la tala de árboles o los derrames de petróleo.

A estas se suman las crecientes inundaciones e incendios forestales en esta zona, que abarca el 60% del territorio peruano. Por si fuera poco, menos del 30% de sus residentes tienen acceso a servicios tan básicos como agua, saneamiento y electricidad; cerca de la mitad de los menores sufren de pobreza extrema y el 40% de las necesidades médicas no son atendidas, muchas veces, por la falta de infraestructuras y el consecuente aislamiento de las comunidades.

"Ya sabemos que los países desarrollados vienen con tal de llevarse, por ejemplo, los minerales. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? (...) Nos tienen a todos tirados. Aquí es donde vivimos, donde nos desarrollamos y si nos quitan esto, ¿a dónde vamos?", se pregunta Díaz, quien afirma que, en Umukai, "la gran mayoría no están contentos con el resultado" de las presidenciales celebradas el pasado 12 de junio.

El dirigente --el apu-- ve en la victoria de Fujimori una "amenaza" tanto para los awajunes como para el resto de 51 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, una población que asciende a cerca de 496.000 personas, tal y como recoge el Ministerio de Cultura.

De acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), cerca de un 65% de los electores en el departamento de Amazonas se decantó por el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, frente a Fujimori, que apenas cosechó el 8,2% de apoyos en el distrito de Imazas, donde se encuentra precisamente la comunidad de Umukai.

Díaz aduce que el pasado 15 de junio, días después de las elecciones, el Congreso aprobó una ley que blinda las actuaciones de militares y policías, excluyéndolos de la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de sus funciones, lo que, en su opinión responde a una "preparación anticipada para lo que viene, porque va a haber huelgas y protestas cuando se tomen cierto tipo de decisiones".

Esas eventuales medidas del futuro gobierno incluyen la promoción de la actividad minera, la defensa de la soberanía estatal sobre los recursos naturales, y la oposición al Acuerdo de Escazú --en vigor desde 2021--, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, además de proteger a activistas y comunidades indígenas.

"¿Qué hacemos? Ellos (las fuerzas del orden), escudándose en esa ley, pueden hacer lo que quieran. Esa es la amenaza. Acá hubo muchos muertos por policía y militares, y si entonces no hubo justicia, ¿quién dice que ahora vaya a haberla?", señala, antes de evocar el medio centenar de civiles muertos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a finales de 2022 y principios de 2023, uno de los episodios "más graves de violaciones masivas de Derechos Humanos" en la historia reciente de Perú, según Amnistía Internacional.

Más cautos se muestran desde el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), que desde que se constituyera hace cinco años trata de llegar ahí donde no lo hace el Estado, en un territorio que alberga tres millones de hectáreas y es la casa de más de 70.000 personas que pertenecen al pueblo awajún --el segundo grupo indígena más numeroso de Perú-- que residen en cuatro departamentos del país: además de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín.

Su vicepresidenta, Matut Impi, reconoce que no augura un "impacto muy positivo" de la presidenta entrante, si bien afirma decantarse por esperar y "ver qué pasa en el transcurso" de su mandato, al tiempo que advierte de que "uno de los desafíos" que tiene ante sí es "abrir la cuestión" de los pueblos originarios.

"El problema es que el Estado no quiere entrar en ello porque tendría que consultarnos sobre los recursos bajo nuestro territorio. Esto nos impide como awajunes ejercer nuestro derecho al autogobierno, reconocido en la Constitución Política del Perú", recuerda durante un encuentro en la localidad de Chiriaco, en la provincia de Bagua (Amazonas).

La institución, que cuenta con asamblea legislativa, "no es un gobierno paralelo" a las autoridades locales, insiste la dirigente, sino que nace como respuesta al "abandono" y "desamparo" que enfrentan desde hace décadas los awajunes por parte de Lima.

En la Amazonía todavía recuerdan que durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la presidenta electa, se derogaron dos principios legales que protegían a las comunidades indígenas, abriendo la puerta a la venta, la fragmentación y la privatización indiscriminada de las tierras comunales --por no hablar de la esterilización a la que se vieron forzadas centenares de miles de mujeres, principalmente indígenas y campesinas en zonas rurales.

Esos principios, que nunca se han recuperado plenamente, "restringían significativamente la posibilidad de negociar, ceder o comprometer las tierras mediante contratos o convenios vinculados a actividades extractivas u otros proyectos que pudieran afectar la integridad del territorio comunal", explica Santiago Manuin, especialista en fortalecimiento y coordinación institucional de Acción Contra el Hambre en Perú.

Este awajún procedente de Santa María de Nieva, municipio ubicado a orillas de los ríos Marañón y Nieva, advierte de que existe un "alto riesgo" de que las comunidades indígenas acaben comprometiendo sus tierras "en condiciones desfavorables", puesto que muchas de ellas "no cuentan con las condiciones técnicas, jurídicas o económicas necesarias para negociar en igualdad de condiciones ni para comprender plenamente las implicaciones de contratos de gran envergadura relacionados con sus territorios y recursos naturales".

"Por ello, algunos sectores sostienen que la eliminación o flexibilización de estas garantías ha debilitado la protección jurídica de los territorios comunales, dejando a las comunidades más expuestas a presiones económicas y a negociaciones asimétricas con actores públicos y privados", añade.

A esto se suman otras medidas planteadas por Keiko Fujimori en campaña electoral como retirar a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que "dejará sin ningún tipo de protección a los pueblos originarios de la Amazonía y los Andes", avisa el especialista de Acción Contra el Hambre, y la preocupación por que extienda las concesiones mineras y petroleras.

"Esto podría motivar una nueva movilización, por eso los awajún preferimos instalar una mesa de diálogo con el Estado para abordar los intereses de las dos partes. Pero que no nos digan que no podemos opinar o que van a entrar en nuestro gobierno, porque eso va a generar una reacción mucho peor incluso", sostiene Manuin.

En todo caso, está por ver hasta dónde llega Fujimori en sus planes por fomentar la inversión privada y agilizar permisos para nuevos proyectos de hidrocarburos en territorios indígenas y cómo reaccionan unas comunidades, en gran parte aisladas pero más organizadas, cohesionadas y resilientes.