Publicado 17/12/2015 23:51CET

La investigación interna revela un "grave fallo" de la ONU en la gestión de las denuncias en RCA

NUEVA YORK, 17 Dic. (Reuters/EP) -

La gestión que Naciones Unidas y sus agencias hicieron de las numerosas denuncias contra los 'cascos azules' de República Centroafricana por abusos sexuales a la población local revela un "grave fallo institucional", según ha determinado la investigación interna.

El grupo de tres expertos ha denunciado que, a pesar de que la ONU tiene la obligación de investigar las acciones de las fuerzas de paz que puedan constituir "graves violaciones de los Derechos Humanos", las acusaciones "pasaron de despacho en despacho sin que nadie asumiera la responsabilidad".

Los expertos han sido especialmente duros con el jefe de Derechos Humanos y Justicia (HRJS) de la Misión de la ONU en República Centroafricana (MINUSCA), y con el jefe de la MINUSCA, acusándoles de abusar de su autoridad.

"El HRJS oscureció las acusaciones informando de ellas solamente en un amplio contexto que incluía también violaciones por parte de otras tropas internacionales", han dicho.

También han cargado contra el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) por no dar el apoyo necesario a los niños que fueron víctimas de estos abusos sexuales, limitándose a ofrecer solamente dos horas de sesiones terapéuticas con ONG locales.

Además, han exonerado a Anders Kompass, el funcionario de la ONU en Ginebra que envió el informe inicial sobre los supuestos abusos sexuales a las autoridades francesas. "No actuó abusando de su autoridad", han sostenido.

El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, ha aceptado las conclusiones. "El informe señala que Naciones Unidas fracasó a la hora de dar una respuesta significativa al enfrentarse a información sobre crímenes contra niños", ha dicho, lamentando que esos niños "fueran traicionados por la gente que enviada para protegerlos".

Al menos 13 soldados franceses, dos ecuatoguineanos y tres chadianos estarían implicados en abusos sexuales a niños centroafricanos cometidos entre diciembre de 2013 y junio de 2014, según el informe filtrado por Kompass.