ROMA, 5 Ene. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Italia ha anunciado este jueves que pondrá en marcha una serie de medidas para combatir el radicalismo islamista en las cárceles y ha informado de que construirá varios centros de detención de inmigrantes con el objetivo de deportar a todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en el país.
El atentado de Berlín, perpetrado por un inmigrante tunecino que había permanecido un tiempo en una cárcel italiana, ha provocado que el nuevo primer ministro del país, Paolo Gentiloni, proponga varios cambios en las políticas antiterroristas para garantizar una mayor seguridad.
Las autoridades italianas señalaron la semana pasada que el sospechoso, Anis Amri, se había radicalizado en una cárcel de Sicilia. "La radicalización está teniendo lugar hoy en día principalmente a través de las cárceles y de Internet", ha manifestado Gentiloni durante una rueda de prensa.
"Trabajar en las cárceles y a través de la web es una de las principales medidas que hay que poner en marcha para prevenir este tipo de situaciones", ha indicado. La Policía de Italia se vio obligada a abrir fuego contra Amri cuando este fue descubierto en Milán después de huir de Alemania a finales de diciembre.
El ministro del Interior italiano, Marco Minniti, ha afirmado que es necesario establecer una "red activa contra el 'malware' del terror", pero no ha ofrecido detalles acerca de los planes de las autoridades para evitar la radicalización en las prisiones.
EL PROBLEMA DE LAS CÁRCELES
El sindicato de funcionarios de prisión ha indicado a través de un comunicado que las cárceles se han convertido en un "campo fértil" para que los yihadistas recluten a individuos débiles y los convenzan para luchar por ellos. Además, la asociación ha destacado la importancia de que los funcionarios reciban cursos de idiomas y religión para poder actuar en caso necesario.
"No es casualidad que muchos criminales radicalizados que no presentaban inclinaciones religiosas cuando ingresaron en prisión se transformen gradualmente en extremistas al estar bajo la influencia de otros", han manifestado varios miembros del sindicato.
Las autoridades italianas intentaron deportar a Amri después de que este permaneciera durante cuatro años en prisión, pero el Gobierno tunecino rechazó el proceso, por lo que Amri salió de la cárcel con una orden de abandonar el país.
A pesar de que los italianos no han sufrido atentados similares a los registrados en Francia, Bélgica y Alemania, las fuerzas de seguridad han expulsado a más de un centenar de presuntos milicianos durante los últimos dos años.
Por otro lado, de los 27.000 inmigrantes que recibieron órdenes de expulsión en 2015 tan sólo 5.000 abandonaron el país, según datos de Eurostat. "Necesitamos unas políticas de inmigración más efectivas, que combinen la respuesta humanitaria con las deportaciones", ha aseverado Gentiloni.
La oposición italiana ha criticado el plan de Minniti de abrir más centros de detenciones, aludiendo a que esto podría suponer un aumento de la corrupción y una vulneración de los Derechos Humanos. "Sólo ralentizará el proceso de expulsión de los inmigrantes ilegales y favorecerá a la mafia", ha destacado el partido antisistema Movimiento 5 Estrellas.
