MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La exdirigente birmana Aung San Suu Kyi ha sido condenada este lunes a cuatro años de cárcel por incitar disturbios e incumplir las medidas aplicadas para contener la pandemia de COVID-19, en el primer veredicto emitido contra la premio Nobel de la Paz desde que fue detenida tras el golpe de Estado del 1 de febrero.
Suu Kyi, considerada la líder 'de facto' del Gobierno depuesto, siempre ha negado los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno, que ha denunciado las malas condiciones de reclusión. La sentencia estaba programada inicialmente para la semana pasada, pero un aplazamiento de última hora la retrasó hasta este lunes.
Además de Suu Kyi, el tribunal de Naipyidó también ha condenado a otros cuatro años de cárcel y por los mismos delitos el expresidente Win Myint. El exalcalde de la capital Myo Aung ha recibido, por su parte, una pena de dos años de prisión por incitación, según el portal Myanmar Now.
Los dos condenados se encuentran actualmente detenidos en un lugar desconocido de Naipyidó. Aunque no se mencionó si serán enviados a prisión, se cree que lo más probable es que Aung San Suu Kyi permanezca bajo arresto domiciliario, una situación que ha vivido de manera intermitente durante casi 15 años, durante el anterior régimen militar, antes de ser liberada en 2010.
Desde el golpe militar, las Fuerzas Armadas han purgado a antiguos funcionarios y han reprimido con dureza las movilizaciones sociales, hasta el punto de que ya serían más de 10.000 las personas detenidas, según la Asociación de Presos Políticos de Birmania (AAPP).
La propia Suu Kyi, de 76 años, tiene varios frentes judiciales abiertos que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de que la presión de los gobiernos occidentales y los llamamientos de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
ONG como Amnistía Internacional han comenzado a reaccionar a las condenas como un ejemplo de persecución política. "Las duras sentencias dictadas contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación de los militares de eliminar toda la oposición y sofocar las libertades en Birmania", ha lamentado el director regional adjunto de campañas de Amnistía, Ming Yu Hah.
"La absurda y corrupta decisión del tribunal", ha añadido, "es parte de un patrón devastador de castigo arbitrario que ha provocado la muerte de más de 1.300 personas y miles arrestadas desde el golpe militar de febrero".
El subdirector regional de Amnistía también ha instado a la comunidad internacional a que no se olvide de los miles de detenidos que carecen del alto perfil de la líder birmana y que actualmente están encarcelados "simplemente por ejercer pacíficamente sus derechos".
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