Publicado 14/05/2022 09:46

Líbano celebra este domingo unas parlamentarias clave ante la gravísima crisis económica y social

Una persona camina por las calles de la capital de Líbano, Beirut, ante diversos carteles políticos antes de las elecciones parlamentarias
Una persona camina por las calles de la capital de Líbano, Beirut, ante diversos carteles políticos antes de las elecciones parlamentarias - Marwan Naamani/dpa

Los principales bloques políticos se enfrentan en las urnas ante una oposición al sistema dividida y debilitada

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Líbano celebrará este domingo unas elecciones parlamentarias consideradas clave para el futuro del país, sumido en una gravísima crisis política y económica agravada por las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut y la pandemia de coronavirus, que han dejado a parte de la población sumida en la pobreza y ante los cortes eléctricos y el aumento de los precios de los productos básicos.

La votación en el interior del país, que llega precedida por la celebrada entre el 6 y el 8 de mayo por los libaneses residentes en el extranjero, se presenta como una nueva lucha de poder entre los dos principales bloques enfrentados en el país, el Movimiento 14 de Marzo --que busca mejores lazos con Estados Unidos y Arabia Saudí-- y el Movimiento 8 de Marzo --liderado por AMAL y el partido-milicia Hezbolá, ambos chiíes--.

Sin embargo, entra en juego un tercer bloque que ha ganado fuerza y respaldo popular por su oposición a la clase política dominante, especialmente ante el ahondamiento de la crisis, y que espera poder conseguir una representación suficiente en el Parlamento para impulsar su agenda.

Sin embargo, estas decenas de grupos políticos opositores, conocidos popularmente como 'Zaura' (Revolución) --surgidos de las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2019--, no han conseguido pactar un frente unido que les permita aglutinar votos, por lo que finalmente podrían no lograr sus objetivos, en medio del creciente desencanto de la población por sus diferencias.

Las parlamentarias serán además las primeras desde las citadas protestas a nivel nacional, que provocaron la caída del Gobierno entonces encabezado por Saad Hariri, lo que derivó en largos procesos de estancamiento político y la formación de otros tres Ejecutivos hasta la fecha --uno de ellos encabezado nuevamente por Hariri tras las explosiones de 2020 en el puerto de Beirut--.

Las últimas elecciones derivaron en una victoria del Movimiento 8 de Marzo, por lo que el Movimiento 14 de Marzo espera poder obtener unos resultados que le devuelvan el control del organismo legislativo, si bien Hariri, líder de Al Mustaqbal (Futuro) ha abogado por la abstención.

El ex primer ministro e histórico líder político suní --hijo de Rafik Hariri, muerto en febrero de 2005 en un atentado con bomba en Beirut que dejó más de 20 fallecidos-- anunció en enero que abandonaba la política, en un duro golpe para Al Mustaqbal que llevó a diversos altos cargos a llamar a la abstención o a presentarse como independientes.

La situación podría derivar en incertidumbre respecto a los votos de la comunidad suní, especialmente en el marco de un sistema político y de reparto de poder sustentado en la religión. Sin Hariri, la comunidad ha quedado sin un líder político claro, lo que podría ser aprovechado por otras formaciones, especialmente entre la oposición.

Por su parte, Fuerzas Libanesas, encabezadas por Samir Geagea, podría mejorar sus resultados, dado que su principal rival por el voto cristiano, el Movimiento Patriótico Libre (FMP), liderado por Yebran Basil, ha sufrido una caída en su credibilidad, impactado por la mala imagen de Basil y el papel del presidente, Michael Aoun, durante la crisis.

En el caso de la comunidad chií, se espera que AMAL y Hezbolá mantengan con firmeza sus apoyos, si bien existen dudas sobre la capacidad de movilización ante la profunda crisis económica en el país, que ha generado un gran desencanto y ha derivado en un aumento de la criminalidad en los suburbios del sur de Beirut, de mayoría chií.

Por ello, el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, hizo esta semana un llamamiento a la participación y dijo que las elecciones serán "una guerra de 2006 política", en referencia al conflicto entre el partido-milicia e Israel. "Algunos dicen que no votarán a la resistencia por la crisis económica, pero les decimos que la resistencia garantizará que se extrae petróleo y gas de las aguas territoriales para resolver la crisis", apuntó.

En este contexto, Maroun Sfeir, analista de The Tahrir Institute for Middle East Policy, destacó que la legitimidad de las elecciones "dependerá en gran medida de la gestión de la votación, de la participación y de la capacidad de las autoridades electorales a la hora de superar la gran cantidad de desafíos excepcionales a causa de una crisis económica sin precedentes, una infraestructura en colapso y una frágil situación de seguridad".

ELECCIONES EN MEDIO DE LA CRISIS

La votación tendrá lugar además en un marco de profunda crisis --ahondada por el conflicto en Siria y las sanciones a Damasco-- que ha hecho saltar las alarmas a nivel internacional y que llevó al Banco Mundial a afirmar en junio de 2021 que esta última es una de las peores registradas a nivel mundial desde mediados del siglo XIX, con una caída drástica de cerca del 40 por ciento de PIB per cápita desde 2018.

Durante los últimos meses, la comunidad internacional, con Francia a la cabeza, ha presionado a las autoridades libanesas para que apliquen una serie de reformas para garantizar una mayor democratización del país y una reducción del peso de las élites político-económicas, acusadas de corrupción a gran escala.

Asimismo, el Gobierno liderado por Nayib Mikati ha estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un paquete de ayuda que alivie la situación. Este paquete, de unos 3.000 millones de dólares (unos 2.890 millones de euros), estaría muy por debajo de solucionar la situación, dado que las pérdidas se estiman en unos 70.000 millones de dólares (cerca de 67.400 millones de euros), según reveló en diciembre de 2021 el vice primer ministro, Saadé al Shami.

El FMI ha condicionado la entrega del paquete a una serie de reformas estructurales, incluidas la aprobación de los Presupuestos para 2022, una auditoría de las cuentas del Banco Central de Líbano y una reestructuración del sistema bancario, todo lo cual quedaría en manos de las próximas autoridades, si bien las tradicionales tensiones políticas han ralentizado todos estos procesos.

Nicholas Blanford defendió recientemente en un artículo para el 'thnk tank' Atlantic Council que "la aplicación de las reformas exigidas por el FMI podría ser algo existencial para la élite política", que podría trabajar para impedir que salgan adelante y perder relevancia o sus posiciones de poder a nivel político o económico.

Líbano ya logró en 2018 el compromiso internacional para la entrega de un paquete de más de 11.000 millones de dólares (aproximadamente 10.590 millones de euros) para mejorar las infraestructuras del país a cambio de una serie de reformas que no se materializaron, por lo que el dinero no llegó a ser entregado, una de las causas de la crisis que actualmente asola el país.

Ante esta situación, el ministro de Economía libanés, Amin Salam, desveló el lunes que el Banco Mundial había autorizado un préstamo de emergencia por valor de 150 millones de dólares (unos 142,2 millones de euros) para importar trigo, si bien aún debe ser aprobado por el Ejecutivo y ratificado por el nuevo Parlamento.

Por lo tanto, las elecciones figuran como un momento clave para el futuro del país y de su población ante una situación en la que, según los datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria oscilan entre el 27 y el 30 por ciento de los libaneses, una situación aún peor entre los refugiados.

Líbano acoge a un millón de refugiados sirios, una cuarta parte de la población, mientras que acoge a 300.000 refugiados palestinos. Así, la población ha aumentado un 28 por ciento en cinco años, por lo que la situación derivada de ello, combinada con las tensiones políticas, supone una amenaza a la estabilidad y la seguridad del país.

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