MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La activista y ambientalista hondureña Lesbia Urquía ha sido asesinada este miércoles según ha confirmado la Policía tras encontrar el cuerpo en la región de Marcala, en La Paz, Honduras.
Urquía pertenecía a la dirección del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asociación que lucha por la conservación del medio ambiente y los pueblos indígenas y a la que pertenecía la también asesinada Berta Cáceres.
El Ministerio Público hondureño ha confirmado la creación de un equipo especial para investigar la muerte de Urquía y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha conformado otro equipo de agentes especiales de la Unidad de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios, ha informado el diario hondureño 'Tiempo'.
Según ha anunciado el COPINH a través de un comunicado, Urquía se encontraba luchando contra la construcción de una hidroeléctrica propiedad del marido de la presidenta del Congreso Nacional, así como del partido en el Gobierno, Gladys Aurora López.
El asesinato de Urquía vuelve a poner sobre la mesa la peligrosa situación en la que viven los ecologistas en Honduras, que quedó patente cuando el 3 de marzo dos sicarios asesinaron a Berta Cáceres, la entonces líder de COPINH.
"La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta", ha asegurado COPINH a través de un comunicado.
"Responsabilizamos directamente por este asesinato al Gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de Derechos Humanos y de los bienes comunes de la naturaleza", ha añadido la organización.
Desde 2009, Honduras ha estado dirigida por un Gobierno de ideología conservadora que ha concedido numerosas licencias de explotación de recursos naturales a distintas empresas, algo que ha provocado protestas, especialmente entre la población indígena, ya que estos contratos a veces permiten la explotación de zonas frágiles para el medio ambiente así como de reservas naturales.
Al menos 109 activistas ecologistas fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, convirtiendo al país en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.
Grupos a favor de los Derechos Humanos a menudo acusan al Ejército de honduras de participar directamente en los asesinatos. En concreto, tras la muerte de Berta Cáceres se descubrió que su nombre había aparecido en una lista de objetivos que había sido entregada a las fuerzas especiales del Ejército, que reciben entrenamiento y apoyo por parte de Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos ha entregado una cifra estimada de 200 millones de dólares como ayuda a la Policía y al Ejército hondureños desde 2010 como parte de un plan para contrarrestar el crimen organizado y la inmigración ilegal, pero muchos grupos denuncian que esas ayudas acaban en manos de escuadrones de la muerte que se encargan de eliminar cualquier oposición al Gobierno y a los intereses de ciertas empresas.
