Níger se convierte en el primer país africano en adoptar una ley nacional para ayudar a los desplazados internos

Refugiados nigerianos expulsados de Níger (archivo)
REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
Publicado 06/12/2018 11:44:17CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Níger se ha convertido en el primer país africano en adoptar una legislación nacional para asistir a los desplazados internos, que ascienden a 170.000 y en el último año se han disparado a causa de la creciente inseguridad en el vecino Malí, según ha informado este jueves la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Asamblea Nacional aprobó el lunes por unanimidad una ley nacional destinada a proteger y ayudar a los desplazados internos, incorporando así a su ordenamiento jurídico la Convención de Kampala, adoptada en 2009 en el seno de la Unión Africana y ratifica en 2012 por Níger.

La ONU ha destacado que la adopción de dicha norma jurídica es fruto de meses de trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, las autoridades tradicionales y religiosas y organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

"Níger sigue inspirando y mostrando su solidaridad y generosidad hacia los que se ven forzados a huir y es ahora el primer país africano en incorporar la Convención de Kampala en su legislación nacional", ha valorado la representante de ACNUR en Niamey, Alessandra Morelli.

El objetivo de la nueva ley es fortalecer las medidas nacionales y regionales para prevenir, mitigar y eliminar las condiciones que puedan llevar al desplazamiento interno, así como crear un marco legal para proteger y ayudar a estas personas.

ACNUR ha indicado que, si bien las autoridades nacionales son las primeras obligadas a atender el fenómeno de los desplazados internos, Naciones Unidas y la comunidad humanitaria en general "están preparadas para apoyar al Gobierno en sus esfuerzos".

En Níger ha actualmente 170.000 desplazados internos, la mayoría en las regiones fronterizas de Diffa, Tahoua y Tillaberi. La cifra ha crecido significativamente --en unas 50.000 personas-- en 2018 debido a la inseguridad en las zonas limítrofes con Malí.

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