Las ONG advierten del incumplimiento de la ley contra el matrimonio infantil en Guatemala

Niña jugando entre los escombros en Guatemala
REUTERS
Actualizado: miércoles, 16 noviembre 2016 20:06

BOGOTÁ, 16 Nov. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

El empobrecimiento de algunas zonas de Guatemala, agravado por la continua sequía, hace que muchas familias se vean obligadas a casar a sus hijas a cambio de dinero, un año después de que el país centroamericano aprobara la ley contra el matrimonio infantil.

Guatemala tiene una de las tasas de matrimonio infantil más altas de América Latina, impulsada por la pobreza y la aceptación cultural sobre todo en las comunidades indígenas mayas del país. En el país un tercio de las niñas se casan antes de cumplir los 18.

Cada año más de 15 millones de niñas se casan antes de la mayoría de edad en todo el mundo, según el grupo activista Girls Not Brides. Según la ley, la edad mínima para casarse en Guatemala es de 18 años, pero las niñas siguen casándose a los 16 con un permiso del juez.

En algunas comunidades rurales, las niñas siguen siendo vendidas a cambio de ganado, dinero o terrenos, según la directora del Plan Internacional en Guatemala, Débora Cobar. "Son explotadas. Se convierten en sirvientas y esclavas sexuales", ha asegurado Cobar a Thomson Reuters Foundation a través de una entrevista telefónica.

La pobreza y el hambre han empeorado en Guatemala y en otras zonas de Centroamérica, tras dos años consecutivos de sequía. "La sequía hace que las niñas tengan que enfrentarse al riesgo de casarse o vivir con un hombre mayor que ellas, ya que afecta al ingreso de las familias", ha manifestado la directora de World Vision en Guatemala, Marilis Barrientos.

El matrimonio infantil priva a las niñas de su derecho a la educación, las mantiene en la pobreza y las pone en mayor riesgo a la violencia doméstica y sexual, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Una de las maneras clave para prevenir el matrimonio infantil es educar a las niñas sobre sus derechos y asegurarse de que van a la escuela. "La ley es importante pero no es suficiente", señala la representante del UNFPA en Guatemala, Aida Siman.

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