MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La coalición Armas Bajo Control ha pedido este miércoles al Gobierno español que aplique un "enfoque preventivo" en su política de venta de armas al extranjero y "deniegue, suspenda o revoque las autorizaciones" para los países en los que, como Libia, se violen los Derechos Humanos.
"Durante años se ha estado vendiendo material de defensa, otro material y productos de doble uso a los países del Norte de África y Oriente Próximo", advirtieron las organizaciones que conforman la campaña Armas Bajo Control --Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam-- en un comunicado.
Según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior sobre las exportaciones de material de defensa, otro materia y tecnología de doble uso, al que ha tenido acceso Europa Press, España vendió material de defensa a Libia en 2010 por un valor de 11,2 millones de euros, destinado en su totalidad a las Fuerzas Armadas dirigidas por Muamar Gadafi.
Estas ventas, que incluyen 3,4 millones de euros correspondieron al capítulo de 'aeronaves' y 7,8, a 'equipos de formación de imagen o de contramedida', se produjeron meses antes de que tuvieran lugar la oleada de protestas que acabó con una brutal represión por parte del régimen libio y la posterior intervención de un grupo de países aliados que culminó en una operación de la Alianza Atlántica, en la que participa España.
El informe indica también que otros países que recibieron armas españolas fueron Egipto (2,5 millones de euros), Arabia Saudí (5,8 millones), Argelia (3,1 millones), Bahréin (40.690), Marruecos (2,5 millones) y Túnez (778.480 euros) y revela que Irán fue, con 39,2 millones de euros, el primer receptor de "productos y tecnologías de doble uso", militar y civil.
La coalición Armas Bajo Control solicitó este miércoles a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que pidan explicaciones al Gobierno sobre las ventas de armas y le exijan "el cumplimiento estricto de la ley".
A juicio de las ONG, que se han hecho eco de los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, la venta de armas a países cuyas poblaciones han sido víctimas "de la represión ejercida por sus Gobiernos" pone en evidencia "cómo el incumplimiento durante años de la ley de armas por parte del Gobierno Español ha podido tener consecuencias para la población civil de los países receptores".
Por ello, las organizaciones han reclamado que "se denieguen, suspendan o revoquen las autorizaciones para aquellos destinos que claramente incumplen el artículo 8 de la Ley 53/20071", que establece la prohibición de la venta de armas o materiales de doble uso que puedan ser empleados "en acciones que perturben la paz" o "con fines de represión interna o en situaciones de violación de Derechos Humanos".
El objetivo de esta medida, advirtió la coalición de ONG, es acentuar "el enfoque preventivo para evitar consecuencias irreparables". "La revocación de dos licencias de exportación a Libia en febrero de 2011 marcan un buen precedente que debe seguir aplicándose", pero "se mantienen todavía las dudas sobre los criterios últimos para definir la política de exportaciones y para determinar las autorizaciones y denegaciones en cada caso", añadió.
Asimismo, las organizaciones piden que se mantengan "los procesos de revisión, caso por caso, de todas las transferencias y exportaciones, tanto licencias ya autorizadas como las que se encuentren en proceso de autorización", para los países del Norte de África y Oriente Próximo.
