MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde surgido en Uganda, han cometido graves violaciones de las leyes humanitarias e incluso podrían haber incurrido en crímenes de guerra y contra la humanidad en la zona este de República del Congo, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El informe circunscribe los supuestos delitos a la región de Beni, en la provincia de Kivu Norte, y comprende un periodo de tres meses especialmente violento a finales de 2014. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, al menos 237 civiles murieron, 47 resultaron heridos y 20 fueron secuestrados a manos de las ADF.
Los milicianos, armados con machetes, martillos o cuchillos, atacaron durante los tres últimos meses del año pasado al menos 35 localidades, donde llegaron a degollar e incluso a quemar vivas a sus víctimas. La ONU también ha documentado casos de saqueo y daños a la propiedad, según un comunicado del Alto Comisionado.
Los investigadores han recabado más de 180 testimonios de diversas fuentes y, entre ellos, figuran la voz de testigos y víctimas de las masacres. Sin embargo, Naciones Unidas teme que el número de víctimas sea mucho mayor al confirmado oficialmente, ya que la inseguridad le ha impedido acceder a ciertas zonas.
El informe ha examinado también la actuación de las Fuerzas Armadas congoleñas en Beni durante el mismo periodo, toda vez que en estos últimos meses ha habido voces que han acusado a los militares de excederse en sus operaciones contra los rebeldes ugandeses.
La ONU ha documentado violaciones de la ley humanitaria internacional y de los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas leales a Kinshasa.
DEPURAR RESPONSABILIDADES
Al menos 300 personas, entre ellas 33 miembros de las Fuerzas Armadas, han sido detenidas en el marco de las investigaciones por las masacres de Beni. En noviembre de 2014, dos militares y cuatro líderes milicianos fueron condenados por un tribunal castrense por su participación en el asesinato de un general y en un movimiento de insurrección.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha destacado la importancia de estos "pasos iniciales hacia la justicia", pero ha instado a las autoridades a "redoblar sus esfuerzos" para que los responsables de estos "crímenes atroces" rindan cuentas de sus actos.
El enviado especial de Naciones Unidas para el país africano, Martin Kobler, ha reclamado al Gobierno congoleño que adopte "todas las medidas necesarias para poner fin a las masacres contra civiles". El informe advierte de que la población civil de Beni sigue siendo vulnerable a una amenaza que también se ha extendido a la zona de Irumu.
