El presidente ordena a los que ciudadanos entreguen sus armas ilegales. La oposición cree que es una excusa para iniciar una purga.
NAIROBI, 7 Nov. (Reuters/EP) -
El líder de oposición burundés Charles Nditije, presidente del colectivo UPRONA, y diversos altos responsables de Naciones Unidas han expresado su temor ante lo que podría ser el inicio a partir de este sábado de "una campaña sistemática de exterminio" por las fuerzas de seguridad del presidente Pierre Nkurunziza contra cualquier crítico de su Gobierno.
Nkurunziza ha dado hasta hoy como fecha límite para que todos los burundeses entreguen sus armas de fuego que hayan adquirido de manera ilegal o de lo contrario serán tratados como "enemigos del estado". La oposición cree que este ultimátum no es más que una mera excusa para encubrir el comienzo de una purga masiva de la oposición.
Ayer, sin ir más lejos, apareció muerto uno de los hijos del activista pro Derechos Humanos burundés Pierre-Claver Mbonimpa pocas horas después de haber sido detenido por la Policía, según Radio France Internationale.
Según fuentes policiales, Welly Fleury Nzitonda, hijo menor del activista, murió por disparos efectuados por agentes cuando intentaba arrojarles una granada. Horas antes su padre, exiliado en Bruselas tras haber sido objeto de un intento de asesinato, advertía de que su hijo podría morir bajo disposición policial.
De esta forma, Nditije ha advertido del inicio de "campaña sistemática de exterminio llevada a cabo por la Policía y las milicias del Gobierno". De la misma opinión se han mostrado organizaciones internacionales como Naciones Unidas, cuyo Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, describió la muerte de Nzitonda como un asesinato.
"Este asesinato refuerza el miedo de que exista una política sistemática contra la oposición, periodistas, activistas pro Derechos Humanos y ciudadanos normales y corrientes bajo sospecha de oponerse al Gobierno", ha declarado Al Hussein.
El portavoz de la ONU Stephane Dujarric ha declarado que la organización internacional tiene constancia de la aparición esporádica de cadáveres de civiles en los alrededores de la capital, Buyumbura, con indicios de haber sido "ejecutados de manera sumaria".
PRESAGIO DE RUANDA
La comunidad internacional teme que el incremento de la violencia en Burundi pueda degenerar aún más en una campaña de limpieza étnica similar a la sucedida en 1994 en Ruanda. Burundi, que acogió a muchos de los desplazados ruandeses hace 20 años está formada por un 85 por ciento de hutus, como el presidente, y un 14 por ciento de tutsis.
De momento, más de 200 personas han muerto y decenas de miles se encuentran desplazadas desde el comienzo de la última ola de violencia en el país africano, cuando Nkurunziza anunció a principios de años su intención de presentarse a un tercer mandato --inconstitucional, según la oposición--.
El 13 de mayo un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado tras semanas de protestas callejeras contra los planes de Nkurunziza de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Los militares no lo consiguieron y Nkurunziza consiguió mantenerse en el cargo en las elecciones del pasado verano pero desde entonces Buyumbura --bastión opositor-- es escenario de constantes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
EL TPI SE SUMA A LAS CRÍTICAS
La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha advertido este viernes, en relación a Burundi, de que "incitar a la violencia masiva" podría conducir a la comisión de crímenes que recaigan en su jurisdicción, después del ultimatum de Nkurunziza.
"He recibido con gran preocupación la noticias del posible aumento de la violencia en Burundi, así como del uso de un lenguaje inflamatorio por parte de líderes políticos y otros actores en el país", ha dicho a través de un comunicado.
En concreto, la jurista de Gambia se ha referido a "funcionarios de alto rango" que "han dado un ultimátum antes de lanzar operaciones de seguridad y han usado en este contexto una retórica incendiaria y altamente preocupante".
"Cualquier persona en Burundi que incite a actos de violencia masiva, incluidos ordenar, pedir, animar o contribuir de cualquier manera a la comisión de crímenes que recaen en la jurisdicción del TPI, podría ser procesada", ha alertado.
A este respecto, Bensouda ha recordado que Burundi es un Estado parte del Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI--, de modo que el alto tribunal tiene jurisdicción directa sobre "los crímenes cometidos por burundeses o en territorio burundés".
"Si alguna conducta en Burundi --ya sea de las fuerzas de seguridad, las milicias o cualquier grupo armado-- supone un crimen de guerra, contra la Humanidad o genocidio, que nadie dude de que cumpliré mi mandato", ha remachado.
