La ONU pide a Brunéi que no aplique la pena de muerte por relaciones homosexuales o el adulterio

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reclamado este lunes al Gobierno de Brunéi que suspenda la aplicación de la revisión del Código Penal que permitiría los latigazos y la lapidación por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

La modificación legal, que entrará en vigor este miércoles, estipula la pena de muerte para la violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones extramatrimoniales en el caso de los musulmanes, el robo y el insulto o la difamación a Mahoma.

Asimismo, contempla latigazos para el aborto y amputaciones por robo, al tiempo que criminaliza exponer a niños musulmanes a las creencias y prácticas de cualquier otra religión distinta al Islam.

"Pido al Gobierno que detenga la entrada en vigor de este draconiano nuevo Código Penal, que supondría un duro varapalo para la protección de los Derechos Humanos del pueblo de Brunéi", ha sostenido Bachelet.

En este sentido, ha subrayado que el Derecho Humanitario impone restricciones estrictas al uso de la pena de muerte, existente en el país pero abolida en la práctica. La última ejecución fue llevada a cabo en Brunéi en 1957.

"En realidad, ningún sistema de justicia del mundo puede decir que no comete errores, y las pruebas demuestran que la pena de muerte es aplicada de forma desproporcionada contra personas que ya son vulnerables y están expuestas al alto riesgo de fallo de la justicia", ha explicado.

Por ello, Bachelet ha reclamado a Brunéi "que mantenga su moratoria 'de facto' al uso de la pena capital", antes de reiterar que "cualquier legislación con base religiosa debe evitar violar los derechos Humanos, incluidos los de aquellos que pertenecen a la religión mayoritaria, los de religiones minoritarias y los no creyentes".

De esta forma, la oficina de Bachelet ha advertido además que las cláusulas del Código Penal revisado podrían incitar además a la violencia y la discriminación contra la mujer, según la orientación sexual y contra las minorías del país.

"Los Derechos Humanos y la fe no son fuerzas opuestas. De hecho, es la interpretación humana la que crea las tensiones. Es vital que el Gobierno, las autoridades religiosas y un amplio espectro de actores de la sociedad civil trabajen de forma conjunta para mantener la dignidad y la igualdad para todos", ha dicho Bachelet.

"Mi oficina está preparada para dar asistencia al Gobierno de Brunéi, utilizando la postura constructiva creada por el marco fundamentado en la fe de la Declaración de Beirut sobre 'Fe para los Derechos", ha zanjado.

CAMBIOS LEGALES EN 2014

Brunéi fue el primer país en introducir la ley criminal islámica en 2014, cuando anunció el primero de los tres pasos de cambios legales que incluían multas y cárcel por ofensas como el embarazo fuera del matrimonio o no rezar los viernes.

La homosexualidad es ilegal en Brunéi y es punible hasta con 10 años de encarcelamiento, pero los cambios previstos incluyen los latigazos y la lapidación para los musulmanes que sean condenados por adulterio, sodomía o violación, según han alertado grupos de Derechos Humanos.

Las actitudes socialmente conservadoras son una constante en el sureste asiático. Birmania, Malasia, Singapur y Brunéi tienen prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que en Indonesia ha habido un aumento de los ataques contra el colectivo LGTB en los últimos años.

Brunéi, un antiguo protectorado británico de unos 400.000 habitantes enclavados entre dos estados malasios en la isla de Borneo, es el primer país del este asiático en adoptar el componente criminal de la 'sharia' a nivel nacional.