ALMATY 21 Jul. (Reuters/EP) -
La oposición de Tayikistán ha denunciado que las autoridades amenazan con confiscar propiedades de personas vinculadas a activistas de la oposición que viven en el exilio.
El líder del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán (IRPT), Muhiddin Kabiri, ha dicho que los familiares de al menos 10 activistas que participaron en una conferencia en Alemania el pasado 9 de julio para conmemorar el 20 aniversario de un acuerdo de paz que puso fin a una guerra civil en el país habían sido blanco de represión policial.
El Gobierno, sin embargo, ha dicho que no ha recibido ninguna queja sobre estos hechos. El ministro del Interior de Tayikistán, Ramazon Rahimzoda, preguntado sobre si las autoridades estaban intimidando a los familiares de los activistas de la oposición, que son buscados bajo acusaciones de extremismo y terrorismo, ha señalado que su Ministerio no había recibido quejas. "Si han sido interrogados como testigos sobre el paradero de sus familiares, esto no equivale a represión ni humillación", ha sentenciado Rahimzoda.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las autoridades, incluyendo policías y agentes de seguridad, visitaron a los familiares de los activistas tanto antes como después de la conferencia para coaccionarlos. "Los utilizan como rehenes y muchos activistas ya han abandonado la lucha", ha explicado Kabiri.
La exrepública soviética, de población mayoritariamente musulmana, prohibió el IRPT en 2015, acusándolo de estar vinculado a un fracasado golpe de Estado e incitando a varios dirigentes y activistas del partido, incluido Kabiri, a abandonar el país. El partido, sin embargo, niega estar involucrado en intentos de derrocar al Gobierno y afirma que su objetivo es evitar que el presidente del país, Imomali Rakhmon, traspase el poder a miembros de su familia.
El investigador de HRW para Asia Central, Steve Swerdlow, ha denunciado que "la viciosa campaña de intimidación del Gobierno tayiko contra los familiares de los disidentes se está ampliando y cada vez es más descarada". "Las acciones simultáneas de los servicios de seguridad y los funcionarios locales en numerosas ciudades sugieren una política de castigo colectivo que debería terminar inmediatamente" ha sentenciado.