JERUSALÉN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Israel ha señalado este viernes que la misión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHRC) que analizará si los asentamientos israelíes en los territorios palestinos violan la legislación en materia de Derechos Humanos "es defectuosa y sesgada", al tiempo que ha asegurado que no cooperará con la misma.
"La existencia de la misión implica la distorsión inherente que tipifica el tratamiento de Israel por parte del UNHRC y el secuestro de la agenda en materia humanitaria por parte de países no democráticos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Yigal Palmor.
La presidenta del UNHRC, la uruguaya Laura Dupuy Lasserre, ha nombrado a la jueza francesa Christine Chanet como encargada de la investigación. Junto a ella estarán botsuanesa Unity Dow y la paquistaní Asma Jahangir. Dupuy Lasarre ha destacado que la misión investigará cómo los asentamientos israelíes impactan "sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino".
El Ejecutivo israelí cortó sus lazos con el organismo en marzo de este año tras su decisión de nombrar dicha comisión investigadora. "No se dejó otra opción a Israel que tomar esta decisión, después de que fuera evidente el foco desproporcionado sobre Israel al tiempo que se ignoran violaciones masivas de los Derechos Humanos en los mismos países responsables de este enfoque", ha dicho Palmor.
"Un ejemplo entre muchos: en un momento en que el régimen del presidente (sirio, Bashar) Al Assad masacra a miles de personas, el UNHCR dedica (a esta situación) un tiempo simbólico, el que tardan en pasar las mociones, mientras giran sus recursos a centrarse de forma obsesiva en Israel", ha apostillado, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, a pesar de lo que el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no. Asimismo, el traslado de población de un territorio ocupante a un territorio ocupado es considerado como un crimen de guerra por la Cuarta Convención de Ginebra.
