ESTAMBUL, 21 Nov. (Reuters/EP) -
Un tribunal de Turquía ha condenado este martes al periodista Oguz Guven del periódico opositor 'Cumhuriyet' a tres años y un mes de prisión por difundir supuesta propaganda terrorista en una publicación realizada en mayo en Twitter y que más tarde fue divulgada por el diario en el que trabajaba, según ha informado la agencia de noticias Anatolia.
El editor de la versión online del periódico ha sido acusado de deslegitimar la lucha que está llevando a cabo el Gobierno contra la red del clérigo Fethulá Gulen, al que las autoridades acusan de haber orquestado el intento de golpe de Estado de julio de 2016.
La publicación hacía referencia a un fiscal que supuestamente habría sido asesinado en un accidente de tráfico y aseguraba que fue "arrojado por un camión". 'Cumhuriyet', un periódico laico y destacado por publicar informaciones críticas, aseguró que el 'tuit' fue reemplazado apenas un minuto después por otro en el que se rectificaba y se matizaba que el fiscal "murió trágicamente en un accidente con un camión".
El fiscal que perdió la vida fue el encargado de presentar la acusación contra la red de Gulen, aunque el clérigo ha negado cualquier implicación en la intentona golpista. En mayo, Guven se encontraba bajo custodia policial, pero en junio fue puesto en libertad a la espera de que se celebrase un juicio.
Más de una decena de corresponsales y ejecutivos de este periódico están siendo juzgados en un proceso paralelo en el que los fiscales han asegurado que la dirección del diario está controlada por personas vinculadas a Gulen, al tiempo que acusan a la publicación de atacar al presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y ocultar las acciones llevadas a cabo por los milicianos.
Los fiscales han solicitado 43 años de prisión para el equipo de redactores del periódico al ser acusados de atacar a Erdogan con "métodos asimétricos de guerra". Los periodistas han negado tales acusaciones.
Desde el fallido golpe de Estado de hace un año, las autoridades turcas han encarcelado a más de 50.000 personas --entre las que se incluyen militares, profesores y funcionarios públicos--, al tiempo que ha cerrado más de 130 medios de comunicación, algo que ha incrementado las preocupaciones de los aliados occidentales de Turquía debido al deterioro de los derechos y libertades que se está produciendo en Turquía.
