MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, ha asegurado este martes que un posible indulto a los detenidos por el estallido social que tuvo lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020 "no le hace bien" al país, en un momento en el que el Senado tendrá que debatir el proyecto de ley presentado en este sentido.
"Yo creo que es una mala señal, una muy mala señal indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirar bombas molotov en la cara a dos carabineros, incendiar iglesias, el metro, monumentos o destruir todo lo que era parte del patrimonio de todos los chilenos", ha enumerado Piñera, cuenta 'La Tercera'.
"Además de eso, homicidios frustrados, además de esos saqueos, vandalismo que destruyó proyectos y sueños de tantas familias emprendedoras. Sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas", ha continuado el que dejará de ser presidente de Chile el próximo 11 de marzo.
"No le hace bien a Chile, y por esa razón nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos de ley y así lo hemos dicho desde el primer instante", ha remarcado Piñera, recordando así cómo en septiembre y noviembre del año pasado, las fuerzas del Gobierno frenaron la iniciativa por motivos técnico-jurídicos.
Según cifras oficiales de la Gendarmería de Chile, hay 211 personas privadas de libertad por diversas causas relacionadas con el estallido social, de las cuales 67 han sido ya condenadas y 144 están en prisión preventiva a la espera de juicio.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad.
Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Constitución, en detrimento de la actual que data de la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual se está trabajando tras el mayoritario apoyo mostrado por la sociedad chilena en un plebiscito nacional celebrado en octubre de 2020.
El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de Carabineros, fue ampliamente denunciado tanto fuera como dentro de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y unas 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, entre ellas 34 muertos.
