ESTRASBURGO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, presentó hoy un documento en el Comité de Ministros del organismo europeo en el que insta a las autoridades polacas a que protejan los derechos de los homosexuales. Asimismo, les pide que pongan en marcha medidas jurídicas adecuadas para luchar contra el discurso del odio.
Según informó el Consejo de Europa en un comunicado, Hammarberg subrayó que Polonia debería adoptar un cuerpo legislativo completo e instaurar una institución única especializada para luchar contra la discriminación. Asimismo, hizo un llamamiento a las autoridades para que apliquen los artículos de su código penal relativos a la incitación al odio racial y étnico.
En su informe, en el que el comisario evalúa la situación de los Derechos Humanos en el país, Hammarberg también aborda la cuestión de la denominada política de 'lustración', destinada a localizar a los antiguos colaboradores con el régimen comunista. Según el comisario, la ley actual no respeta las normas de un "Estado fundado sobre la preeminencia del derecho y el respeto de los Derechos del Hombre".
Asimismo, indica el 'Memorando', las autoridades polacas deberían reducir el hacinamiento carcelario y, en la medida de lo posible, recurrir a penas de sustitución que no prevean la encarcelación. Por lo que respecta al comportamiento de la Policía, el comisario propone que se establezca un órgano independiente para investigar los abusos. Por otra parte, el informe incluye recomendaciones en relación a la detención preventiva, el derecho a la procreación, la violencia doméstica, la trata de seres humanos, el antisemitismo, los derechos de los romaníes y otras minorías, la libertad de expresión, los menores no acompañados y el trato de los solicitantes de asilo.
Hammarberg elaboró el documento tras visitar Polonia en 2006 y entrevistarse con representantes de las autoridades y de la Jusicia y activistas de ONG de defensa de los Derechos Humanos. En él también analiza el trato dado por el Gobierno a los problemas puestos en evidencia por el anterior comisario, Alvaro Gil-Robles, en un anterior informe en 2003.
