Archivo - El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en una imagen de archivo. - Soeren Stache/dpa - Archivo
MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha prometido este miércoles "verdad y justicia" en relación con el mortal accidente de tren que tuvo lugar en febrero de 2023 en la localidad de Tempe, en la zona de Tesalia, y que se saldó con 57 muertos y decenas de heridos.
En una intervención ante el Parlamento, el mandatario ha dicho estar trabajando para que se "establezcan los hechos" de lo sucedido aquel día, cuando un tren de pasajeros con 350 personas a bordo chocó frontalmente con un tren de mercancías, lo que provocó el descarrilamiento de tres vagones.
Así, ha defendido que los últimos informes redactados por expertos descartan la "narrativa de la oposición", que ha estado acusando al Gobierno de tratar de "encubrir" los detalles del caso para evitar represalias entre sus filas. Dicho informe, habla de una serie de fallos de seguridad sistemáticos y un "error humano". Además, descarta que se eliminaran pruebas durante los días posteriores al siniestro.
"Estos indicios justifican que aquel día se sumaron varios errores humanos con la ausencia prolongada de medidas de seguridad", ha recalcado Mitsotakis, que ha culpado a las "teorías de la conspiración" y los "mitos" sobre el accidente de los disturbios y fuertes protestas registradas contra el Gobierno durante el fin de semana pasado.
"Hemos subestimado el poder que tiene todas estas teorías sobre la opinión pública, pero respetamos el dolor de los familiares de las víctimas", ha puntualizado antes de asegurar que la principal prioridad era la de restablecer el servicio ferroviario. No obstante, la investigación judicial sobre el accidente sigue avanzando de forma paralela.
Sin embargo, miles de manifestantes han criticado al Gobierno por no iniciar o apoyar una investigación parlamentaria encaminada a depurar responsabilidades políticas.
El accidente, que se produjo cuando el tren de pasajeros cubría la distancia entre Atenas y Salónica, provocó una ola de protestas contra lo que muchos consideraron el resultado de décadas de abandono del sector por parte de las autoridades.
Desde entonces, supervivientes y familiares de las víctimas afirman que los políticos, que no pueden ser imputados y únicamente pueden ser investigados por el Parlamento, están amparándose en la protección que les otorga la legislación griega en vez de "asumir sus responsabilidad" por la falta de sistemas de seguridad adecuados.