MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Reino Unido apoya oficialmente la estabilización y la reconstrucción del este de la República Democrática del Congo (RDC) al mismo tiempo que protege a las empresas británicas implicadas en el comercio ilícito de minerales adquiridos a los grupos armados que operan en la zona, según revela un reciente informe de la organización no gubernamental Global Witness, citado este jueves por el diario congoleño 'Le Potentiel'.
Según el rotativo, uno de los más importantes de la RDC, el Gobierno británico trabaja desde hace meses en favor de la puesta en marcha de un plan de estabilización y reconstrucción de la RDC (STAREC) financiado a través de su agencia estatal de desarrollo (DFID).
Paralelamente, según Global Witness, el Gobierno de Londres es consciente de que varias empresas británicas están implicadas en el comercio ilícito de minerales mediante la compra de estos productos a los distintos grupos armados que operan en la RDC, pese a lo cual no ha cumplido con su obligación de comunicar los nombres de estas compañías al Comité de Sanciones de Naciones Unidas.
Este comercio, según 'Le Potentiel', "es la causa inmediata de las tensiones recurrentes en esta parte del país", y el Gobierno británico, según Global Witness --con sede en Londres--, es "responsable, con su silencio, del drama que se desarrolla en el este de la RDC".
Entre estas empresas figura Thaisarco, quinta productora de estaño del mundo y perteneciente al gigante británico de los metales AMC. El principal suministrador de Thaisarco, la empresa comercial congoleña Panju, vende casiterita y coltán procedentes de las minas controladas por las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
LA LISTA DE LA ONU
Según Global Witness, existen "pruebas concluyentes" de que varias empresas británicas han apoyado a grupos armados de la RDC mediante la compra de minerales procedentes de las regiones bajo su control.
Pese a ello, prosiguió, el Gobierno británico se ha negado a comunicar al Comité de las Sanciones de la ONU el nombre de las personas que han participado en el tráfico ilegal de minerales procedentes de la RDC, tal como establecen "las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobadas en 2008 y 2009".
Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia de Reino Unido también se ha negado a permitir un control judicial sobre la decisión del Gobierno de no citar a las empresas británicas implicadas en estas prácticas con vistas a su inclusión en la lista de la ONU de las entidades suceptibles de sanción.
