La ONG califica de crímenes de guerra los ataques de la aviación siria contra la "capital" del Estado Islámico
LONDRES, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
Al menos 115 civiles murieron en bombardeos de la aviación del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, durante el pasado mes de noviembre, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, que califica estos bombardeos de crímenes de guerra porque son ataques indiscriminados contra la población civil. Entre los fallecidos hay al menos 14 menores de edad.
Entre los lugares atacados entre el 11 y el 29 de noviembre está el principal mercado de la ciudad y una mezquita en la que había rezando varios milicianos yihadistas, pero también numerosos civiles, según el informe de Amnistía titulado 'Raqqa atacada: bombardeos de la aviación siria contra civiles', publicado este martes.
"Las fuerzas del Gobierno sirio han mostrado una falta de respeto patente por las normas de la guerra en estos despiadados ataques aéreos. Algunos de los ataques muestran signos evidentes de ser crímenes de guerra", ha destacado el director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, Philip Luther.
"El Gobierno parece indiferente a la matanza causada por los estos ataques, pues se niega incluso a reconocer las víctimas civiles que ha ocasionado. Ha lanzado ataques reiterados contra zonas civiles sin identificar claramente objetivos militares, lo cual es una violación flagrante del requisito de distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares", ha afirmado.
Las autoridades sirias justifican estos ataques en el marco de su guerra contra el "terrorismo". Sin embargo, los datos recopilados por Amnistía Internacional "ponen de manifiesto que, en la mayoría de los casos, no se pudieron identificar objetivos militares en las proximidades de las zonas atacadas". Por ello, Amnistía pide que el Consejo de Seguridad remita el caso de Siria al Tribunal Penal Internacional (TPI).
BOMBARDEADOS UN MERCADO Y UNA MEZQUITA
La jornada más mortífera fue la del 25 de noviembre, cuando la aviación gubernamental bombardeó varias zonas civiles, y alcanzaron una mezquita, tiendas, un centro de transporte, un almacén y un edificio de viviendas. El ataque más grave fue el sufrido por el Mercado del Museo, el más importante de la ciudad.
Un testigo presencial ha relatado la "catástrofe" a Amnistía y ha certificado que no había cuarteles ni controles de la milicia yihadista en las inmediaciones. "Es el principal mercado de Al Raqa y suele estar lleno de gente por el día. Había trozos de cadáveres por todas partes. Transporté 40 cuerpos a vehículos, ambulancias y furgonetas que los trasladaron a (hospitales) (...). Vi al menos a 50 personas con heridas graves y leves", ha asegurado.
Ese mismo día fue bombardeada una mezquita en la que, según testigos, había supuestos combatientes del Estado Islámico, pero en aquel momento participaban en los rezos de los viernes junto con fieles civiles. "Era la hora de los rezos y la mezquita estaba llena de gente. Vi carne humana por el suelo y muchos cadáveres y personas heridas. No recuerdo el número exacto porque estaba en un estado de conmoción", ha relatado.
Según Amnistía, el Gobierno "parece estar repitiendo una práctica arraigada, que ha aplicado de forma reiterada por todo el país, de castigar brutalmente a la población civil por la presencia de opositores armados".
El informe no es indiferente a las actuaciones del Estado Islámico, que controla Raqqa desde junio de 2014. Amnistía recuerda que el grupo "ha obligado a la población a cumplir su radical interpretación de la ley islámica (sharia)", lo que implica castigos en forma de ejecuciones sumarias, amputaciones y flagelaciones.
"Los habitantes de Raqqa ya tienen que soportar el brutal control del Estado Islámico. Castigar a toda la población civil simplemente porque la ciudad en la que viven ha caído en manos del Estado Islámico es injustificable", ha manifestado Luther.
Así, Luther ha destacado que "tanto el Estado Islámico como las fuerzas gubernamentales han cometido crímenes horribles contra la población civil de Siria". Por ello, Amnistía pide que el Consejo de Seguridad remita el caso de Siria al Tribunal Penal Internacional, con lo que "se transmitiría a todas las partes en conflicto el mensaje de que quienes ordenen o cometan crímenes de guerra tendrán que comparecer ante la justicia".
Por otra parte, Amnistía considera que un embargo de armas ayudaría a frenar el flujo de armas que se están usando para perpetrar estos crímenes.
