MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Reino Unido ha lanzado este viernes un nuevo paquete de sanciones contra la junta militar birmana, apenas unos días después de que la considerada como líder 'de facto' del Gobierno depuesto, Aung San Suu Kyi, haya sido condenada a dos años de cárcel por incitar disturbios e incumplir las medidas decretadas para contener la pandemia del coronavirus.
Las sanciones de las autoridades británicas se aplicarán sobre las organizaciones implicadas en la adquisición en el exterior de armas y equipo militar para el Ejército birmano, así como contra todos aquellos que apoyen de alguna forma la "represión" que aplica la junta militar sobre población civil.
"Reino Unido siempre será un férreo defensor de los Derechos Humanos y trabajaremos con nuestros socios y democracias aliadas como una red de libertad para pedir cuentas a quienes niegan estas libertades fundamentales", ha remarcado el ministro británico de Asuntos Exteriores, Lord Ahmad.
"Las sanciones de hoy van dirigiadas hacia algunas de las violaciones y abusos más crueles a los Derechos Humanos, incluyendo casos en los que los civiles han sufrido una represión implacable del Estado y los creyentes han sido atacados y asesinados por sus creencias religiosas", ha denunciado.
Las sanciones británicas, que se aplican en conjunto con las impuestas por Estados Unidos y Canadá, incluyen prohibiciones de viaje y el congelamiento de activos de quienes han sido señalados por su responsabilidad en graves violaciones contra las libertades fundamentales.
Dentro de esta nueva batería de restricciones, Reino Unido también ha emitido sanciones contra Furqan Bangalzai, comandante de la organización terrorista Lashkar e Jhangvi, por su implicación en el bombardeo sobre el santuario pakistaní de Lal Shahbaz Qalandar que en 2017 provocó la muerte de más de 70 personas.
GOLPE MILITAR EN BIRMANIA
La junta electoral militar declaró a finales de febrero, tras el golpe de Estado, la existencia de un fraude a favor de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi, una afirmación cuestionada por observadores internacionales que determinaron que, "si bien hubo ciertas irregularidades", achacadas en su mayoría a los efectos de la pandemia y a los combates entre Ejército y separatistas, "los resultados de las elecciones de 2020 representaron la voluntad del pueblo birmano".
Las manifestaciones se han sucedido desde entonces en varios puntos del país. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos de Birmania, más de 800 personas han muerto desde el golpe como consecuencia directa de la represión militar. Además, más de 5.300 han sido arrestadas.
La junta, sin embargo, insiste en que estas cifras han sido "infladas" por los medios de comunicación y que, de esta forma, los fallecidos en el marco de las protestas no sobrepasan los 300.
