Una relatora de la ONU dice que los abusos de los DDHH en Birmania provocan problemas en toda la región

Publicado 18/07/2019 23:26:08CET
Yanghee Lee
Yanghee LeeREUTERS / DENIS BALIBOUSE - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Birmania, Yanghee Lee, ha resaltado este jueves que las violaciones de los Derechos Humanos en el país están provocando problemas en el sur y el sureste de Asia y ha pedido medidas para hacer frente a la situación.

Lee ha citado la presencia de cerca de 1,5 millones de refugiados birmanos en Bangladesh, India, Indonesia, Malasia y Tailandia, así como la existencia de redes de tráfico de personas y drogas entre las principales preocupaciones en este sentido.

"Depende de los vecinos de Birmania reconocer estos asuntos graves y que han sido creados en Birmania", ha dicho la relatora, a la que las autoridades de Naypidó impiden entrar al país.

Así, ha manifestado que "las continuadas y graves violaciones de los Derechos Humanos en Birmania ponen en peligro la vida de las personas alrededor de ese país e impactan de manera incansable sobre los países vecinos en una forma que podría amenazar la paz y la seguridad en el sur y el sureste de Asia".

"Cuando los países de la región mantienen relaciones con Birmania, los Derechos Humanos deberían estar en la agenda", ha dicho, antes de reclamar medidas en este sentido a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Lee, que se encuentra de visita en Tailandia, ha destacado además que "la situación es urgente y merece más atención por parte de la comunidad internacional", según un comunicado publicado por la ONU.

En este sentido, ha criticado la suspensión del servicio de Internet durante cerca de un mes en zonas de los estados de Rajine y Chin, que ha descrito como "sin precedentes e inaceptable".

"Es temporada de monzones en Birmania y ha habido unas inundaciones terribles en tres condados de Rajine. No hay acceso a Internet móvil en ninguno de ellos, lo que significa que la gente no estaba preparada adecuadamente ni fue advertida de las inundaciones. Esto ha provocado desplazamientos y destrucción de viviendas", ha lamentado.

La relatora de la ONU ha denunciado además haber recibido informaciones sobre el tráfico sexual de mujeres y niñas desde el norte de Birmania hacia los países vecinos y ha dicho que el conflicto en los estados de Shan y Kachin han provocado una situación de vulnerabilidad que está siendo explotada por criminales.

Por todo ello, ha pedido que se actúe para proteger a las poblaciones vulnerables y dar compensaciones a las víctimas. "El primer paso para esto es que el Gobierno y el Ejército den marcha atrás en su postura de negación y reconozcan que la población de Birmania ha sufrido en sus manos", ha explicado.

"Los países de la región y la ASEAN tienen un importante papel que jugar a la hora de persuadir a Birmania para que se produzca este cambio fundamental", ha remachado Lee.

LAS SANCIONES DE EEUU

Por otra parte, Lee ha indicado que las sanciones anunciadas recientemente por Estados Unidos contra la cúpula del Ejército birmano "no van lo suficientemente lejos", según la agencia de noticias Reuters.

Así, ha dicho que la prohibición de viaje a estas personas, entre ellas el jefe del Estado Mayor del Ejército, Min Aung Hlaing, no es suficiente y ha pedido que se congelen sus activos.

"Deberían ir más lejos, y los parámetros de estas sanciones deberían ir más lejos también", ha manifestado. "Nunca iban a viajar a Estados Unidos, seamos realistas", ha dicho.

El Departamento de Estado anunció el martes las sanciones por las violaciones de Derechos Humanos durante la "limpieza étnica" contra los rohingyas en el estado de Rajine (oeste).

En este sentido, detalló en su comunicado que los afectados por la medida "son responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales (...) durante la limpieza étnica de los rohingyas".

Los sancionados son, además de Hlaing, el 'número dos' del Ejército birmano, Soe Win, y los brigadieres generales Tha Oo y Aung Aung. "El Departamento de Estado se centra en políticas que cambien el comportamiento y promuevan la rendición de cuentas", recalcó.

La propia Lee reclamó en enero la imputación de Hlaing por delitos de genocidio por la persecución y exterminio de la minoría royingya, así como de crímenes de guerra y contra la Humanidad por matanzas perpetradas en otras partes del país.

Alrededor de 700.000 rohingyas han huido a Bangladesh desde agosto de 2017, cuando los ataques a puestos de seguridad por parte de los insurgentes rohingya provocaron una represión militar que la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y otros describieron como limpieza étnica, mientras Birmania niega las acusaciones.

DELEGACIÓN DEL TPI EN BANGLADESH

En otro orden de cosas, durante la jornada ha llegado a Bangladesh una delegación del Tribunal Penal Internacional (TPI) en el marco de la investigación sobre presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos por Birmania contra los rohingyas.

"Estamos aquí para interactuar con el Gobierno (de Bangladesh) y otros actores relevantes, incluidas las zonas afectadas, para explicar y responder a las preguntas sobre los procedimientos del TPI y dónde estamos en los procedimientos judiciales", ha dicho James Stewart, vicefiscal del tribunal.

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, solicitó el 4 de junio abrir una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido contra la minoría musulmana.

Bensouda recibió en septiembre de 2018 la autorización del TPI para realizar un examen preliminar sobre los crímenes contra los rohingya en Bangladesh. Ahora, la fiscal jefe pretende dar un paso más que podría llevar a la celebración de un juicio.

Se trata de un caso complicado porque Bangladesh, país vecino al que huyeron más de 700.000 rohingyas por la ola de violencia de agosto de 2017 en el estado birmano de Rajine, forma parte del TPI. Birmania, en cambio, no ha firmado el Estatuto de Roma, tratado fundacional, por lo que la corte de La Haya carece de jurisdicción.

La Fiscalía se propone investigar los hechos ocurridos desde el 9 de octubre de 2016 por considerar que "hay una base razonable para creer que en el contexto de la ola de violencia de 2017 se cometieron los siguientes crímenes, parte en el territorio de Birmania y parte en el territorio de Bangladesh".

En concreto, apunta al crimen de deportación porque, "aunque los actos coercitivos que obligaron a la población rohingya a huir tuvieron lugar en Birmania, las víctimas cruzaron la frontera --elemento esencial del crimen de deportación-- entrando en Bangladesh".

También cree que se habrían cometido "otro actos inhumanos" que se tradujeron en "un gran sufrimiento o daños graves" mediante "violaciones deliberadas y graves del derecho de las personas desplazadas a regresar de forma segura y humana a su país de origen", conforme al Derecho Internacional consuetudinario.

Por último, la jurista gambiana señala la "persecución por motivos étnicos y/o religiosos" mediante "la deportación y la deliberada y grave privación del derecho al retorno".

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