LONDRES 10 Abr. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Marta Altuna) -
Natallie Evans, una mujer británica de 35 años, perdió hoy su batalla legal para tener un hijo biológico después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificara que no puede utilizar embriones congelados que fueron fecundados por su ex novio, como ya había hecho previamente la justicia británica.
Evans comenzó un tratamiento de fertilidad con su entonces pareja, Howard Johnston, en 2001, antes de someterse a un tratamiento de quimioterapia que la dejó estéril. Al romper su relación, el hombre se negó a que estos embriones sean utilizados.
Los abogados de la mujer pidieron a los jueces europeos que consideraran si la ley británica que impide la utilización de los embriones supone la violación de los derechos fundamentales de Evans, ya que es su última oportunidad para poder tener hijos tras su tratamiento contra el cancer que padecía. La ley en Reino Unido establece que a finales de octubre de este año los embriones sean destruidos.
Los siete jueces del Tribunal de Estrasburgo indicaron que la corte europea, "como el tribunal británico, comprende la petición de la demandante porque si no se cambia la ley se le negaría para siempre la posibilidad de dar a luz a su propio hijo".
No obstante explicaron que el derecho de la mujer a comenzar una vida familiar, que se encuentra en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos no debe entrar en disputa con el derecho de Johnston de ofrecer su consentimiento para la utilización de los embriones. Las actuales leyes británicas requieren que el hombre y la mujer den su consentimiento a la hora de utilizar embriones.
El secretario de la Sociedad de Fertilidad Británica, Allan Pacey, consideró al conocer la sentencia que "es la única decisión correcta ya que la ley británica es clara porque este es un principio de responsabilidad compartida". Sin embargo, admitió que "esto es terrible para Natallie".
Al romperse la relación en mayo de 2002, el novio informó a la clínica en la que se habían depositado los embriones de que no autorizaba a Evans a utilizarlos o a que continuara su almacenaje. Esto llevó a la mujer a llevar su caso ante un Tribunal Superior, que desestimó su petición de que su ex novio autorizara el uso de los embriones el 1 de octubre de 2003. La sentencia fue confirmada un año después por un Tribunal de Apelación.
En enero de 2005, Evans fue informada por la clínica de que ésta tenía la obligación legal de destruir los embriones, a lo que procedería el 23 de enero de 2005. Para evitarlo, apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 27 de febrero de ese mismo año que pidió al Gobierno británico que evitara la destrucción de los embriones hasta que la corte examinara el caso.