MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Investigación ruso --equivalente a una fiscalía-- ha imputado 'in absentia' al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, y a uno de los magistrados de la corte en respuesta a la "orden de arresto ilegal" contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusado por la corte de facilitar la deportación forzada de niños ucranianos a territorio ruso.
"La investigación ha recopilado ya las pruebas necesarias y por eso se ha tomado la decisión de imputar 'in absentia' a Khan y al juez del TPI Rosario Salvatore Aitala", ha explicado la fiscalía en un comunciado recogido por la agencia de noticias TASS.
En concreto se cita la Parte 2 del Artículo 299, la Parte 1 del Artículo 30 y la Parte 2 del Artículo 360 del Código Penal de la Federación Rusa para Khan: imputar responsabilidad penal a una persona inocente y preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional para entorpecer las relaciones internacionales.
Em cuanto a Aitala, se le imputa la Parte 2 del Artículo 301, la Parte 1 del Artículo 30 y la Parte 2 del Artículo 360 del Código Penal ruso: detención a sabiendas de su ilegalidad y preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional para entorpecer las relaciones internacionales. Tanto Khan como Aitala pasan así a la lista de personas en busca y captura.
El pasado 17 de marzo el TPI emitió orden de arresto contra Putin y la comisaria para los derechos de la Infancia de Rusia, Maria Lvova-Belova, porque considera que existen "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por el traslado de menores ucranianos a territorio ruso, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".
El Kremlin ha desmentido constantemente que esté deportando a niños ucranianos por la fuerza frente a las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde el comienzo del conflicto mientras que un reciente estudio presentado en febrero por la Universidad de Yale denunciaba al menos 6.000 niños ucranianos repartidos en 40 internados rusos.
Las órdenes de arresto representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente nula por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal, y el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones.
