MADRID, 1 Mar. (Por Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECAH) -
Llegan buenas noticias de La Habana en el inicio de la trigésima tercera ronda del proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras más de dos años de conversaciones los avances son claros y la mayor parte de analistas consideran que se ha superado el punto de no retorno en la negociación.
También llegan buenas noticias desde Bogotá donde se están abriendo paso propuestas que hace algún tiempo hubieran sido impensables: hablar abiertamente de justicia transicional para los militares y los que colaboraron con el paramilitarismo, como ha planteado el expresidente César Gaviria; comenzar a hablar sobre las necesarias reformas en el sistema de seguridad del país en un escenario de post acuerdo; acelerar las necesarias conversaciones con el ELN son cuestiones que muestran que algo está empezando a cambiar en el país para aclimatar el proceso de paz.
Por parte de la comunidad internacional también la preparación para el post acuerdo es clara y el nombramiento de un enviado especial, Bernie Aronson, por parte del Gobierno de Estados Unidos para hacer seguimiento del proceso de La Habana, o la visita del exsecretario general de la ONU Kofi Annan a Colombia, entre otros muchos datos, son señales inequívocas de que se está preparando el terreno para el "día después".
SITUACIÓN HUMANITARIA GRAVE
Sin embargo, a pesar de la mejoría en algunos indicadores humanitarios, sobre todo, desde el inicio de las negociaciones de paz, la situación humanitaria que vive el país sigue siendo grave. Es unánime, además, la percepción de que el período inmediatamente posterior a un acuerdo de paz podría ser muy complicado en materia humanitaria y de Derechos Humanos. Anteriores procesos de paz en el mundo muestran que ese riesgo existe.
Las evidencias que se muestran en una reciente investigación que nuestra organización, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), ha dirigido en Colombia para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU, son claras y preocupantes.
Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, en los dos años del proceso de paz, al menos 347.286 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones con las FARC en La Habana, cada mes, cerca de 15.100 personas son forzadas a abandonar su lugar de origen como consecuencia del conflicto y la violencia.
Cerca de la mitad de los desplazamientos en este período (48%) fue producto de las acciones de las FARC y el ELN, mientras que los grupos post desmovilización paramilitar ("BACRIM" en el lenguaje oficial) generaron uno de cada cinco desplazamientos (19%).
Y no es solo el desplazamiento forzado. Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, 1,4 millones de personas sufrieron limitaciones de movilidad que restringieron su acceso a bienes y servicios indispensables para su supervivencia. De este total, para una de cada cinco personas las restricciones duraron más de una semana y afectaron su acceso a al menos tres servicios básicos, lo que según criterios de OCHA configura una situación de confinamiento.
Las causas más comunes de estas restricciones son las hostilidades, amenazas o limitaciones impuestas por los grupos armados no estatales, presencia y uso de minas antipersona, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, bloqueos de vías y alteraciones del orden público en el marco de protestas sociales.
MENORES COMBATIENTES
Por otro lado, aunque no se cuenta con información oficial sobre el número de niños y niñas involucrados con grupos armados no estatales, entre enero de 2013 y octubre de 2014 cerca de 570 niños, niñas y adolescentes desvinculados ingresaron a programas especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esto significa que cada mes al menos 26 niños y niñas se desvincularon de grupos armados no estatales.
En el año 2013 Naciones Unidas pudo verificar 81 casos de reclutamiento y uso de menores por grupos armados en 25 de los 32 departamentos de Colombia, lo que evidencia la dispersión geográfica de esta problemática. En el 71% de los casos las FARC son el actor armado responsable y en el 21% de los casos es el ELN.
Estos casos se suman a los 343 casos de niños/as que en 2013 ingresaron al programa de desvinculados del ICBF. Las FARC se han comprometido hace unos días a no reclutar niños de menos de 17 años pero en sus filas aún permanecen muchos menores de esa edad.
MINAS ANTIPERSONA Y DESAPARECIDOS
No queremos ser agoreros, como se nos suele acusar a los humanitarios, pero debemos insistir en que estos datos, o las evidencias de que se siguen colocando minas antipersona, o la problemática de las personas desaparecidas, que deberían ser asuntos de más necesario abordaje en los diálogos de paz, siguen sin tratarse.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el año 2013 hubo más de 7.500 nuevos desaparecidos con lo que la cifra de personas que seguían desparecidas a final de año era de 67.195.
Además, un escenario post-acuerdo con las FARC no significaría de manera automática el fin de todas las violencias. A pesar de posibles mejoras en los indicadores humanitarios a nivel nacional al reducirse significativamente las acciones de las FARC-EP, persistirían otros actores generadores de violencia cuyo impacto humanitario puede tener variaciones regionales significativas.
Por todo ello, en nuestro informe planteamos que una retirada de la ayuda humanitaria demasiado apresurada puede tener consecuencias sobre las poblaciones vulnerables y afectar el propio proceso de paz. Más aún cuando las regiones más afectadas por el conflicto enfrentan retrasos y retos históricos en materia de desarrollo.
La posible firma de un acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP plantea nuevos retos a las organizaciones humanitarias que deberán adaptar su actuación al nuevo escenario, contribuyendo a la consecución de soluciones duraderas. Hay que encontrar un equilibrio y coordinación entre las actividades humanitarias y los planes de desarrollo y construcción de la paz. El rol de la comunidad internacional humanitaria en un escenario post acuerdo debe al menos mantenerse y, de ser necesario, incrementarse ya que los riesgos en el corto plazo aconsejan una presencia internacional sólida en este ámbito.
Bienvenidos, por tanto, sean los avances en el proceso de paz y las esperanzas que abren a Colombia y al mundo, y bienvenido sea el presidente Santos a España. Pero que esos hechos no nos hagan olvidar la gravedad de la situación humanitaria colombiana y la necesidad, también en ese ámbito, de apoyo internacional.
Madrid 27 de febrero de 2015
