BOMBAI, 8 Ene. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
El Tribunal Supremo de India ha decidido este lunes revisar la ley que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, lo que supone una victoria para los defensores de la igualdad de derechos.
El Supremo ha informado de que un grupo de jueces va a proceder a la revisión de la Sección 377, una ley de la etapa colonial que prohíbe "las relaciones carnales que se produzcan en contra del orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal". En 2013 el Supremo ordenó que se restableciera la criminalización de la homosexualidad después de un período de legalización de cuatro años, que ayudó a la aceptación pública en un país conservador.
"Lo que es natural para unos puede no serlo para otros", ha declarado el alto tribunal este lunes. "Un grupo de personas o individuos que toman decisiones no deben tener miedo", ha añadido, en alusión al "temor constante de sufrir una acción policial debido a su orientación sexual" que han reconocido los solicitantes de la revisión en el texto de la petición.
El abogado Anand Grover, que ha representado a los cinco miembros de la comunidad LGTB que presentaron la solicitud, ha dicho que la respuesta "es un gran alivio y un paso primordial realizado por el Tribunal Supremo para revisar su orden anterior".
"Estamos siendo cautelosamente optimistas ante las noticias de hoy", ha dicho el activista por los derechos de los homosexuales Harish Iyer, presentador de 'Gaydio', el primer programa de radio de India sobre asuntos LGTB. "Hemos escalado montañas de esperanza en el pasado y hemos caído", ha lamentado Iyer.
La comunidad LGTB en India ha defendido que la prohibición socava derechos fundamentales. Sin embargo, la ley que prohíbe la homosexualidad rara vez se aplica en el país, aunque se usa para intimidar, acosar, chantajear y extorsionar a los homosexuales, según aseguran los activistas, que han lamentado que, en la mayoría de estos casos, no se interpongan denuncias por el temor de las víctimas a ser castigados a hasta 10 años de cárcel.
"Queremos subrayar que no estamos pidiendo ningún derecho especial", ha dicho Koninika Roy, de Humsafar Trust, que trabaja con la comunidad LGTB. "Pedimos los derechos constitucionales propios de cualquier ciudadano en el país", ha añadido.
