JERUSALÉN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Israel ha autorizado al Ejecutivo a explotar los recursos naturales de Cisjordania para satisfacer sus necesidades económicas y ha rechazado una petición contra las operaciones de las canteras de carácter estatal en los Territorios Ocupados.
Según la decisión adoptada por el tribunal, no se podrán establecer nuevas canteras de carácter estatal en Cisjordania, pero las existentes pueden seguir adelante con sus operaciones, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
La petición fue presentada hace dos años por la organización Yesh Din, que denunció que las diez canteras israelíes presentes en Cisjordania violan el Derecho Internacional, que determina que un país ocupante no puede explotar los recursos naturales del territorio ocupado en beneficio propio.
Estas canteras venden el 94 por ciento de su producción a Israel y le proveen de cerca del 25 por ciento de su consumo total de los materiales extraídos en cuestión. Hasta que se presentó la queja, el Estado no se había pronunciado al respecto, dando así su visto bueno.
La presidenta del Tribunal Supremo, Dorit Beinisch, comenzó a aceptar la visión estatal de que los acuerdos interinos entre Israel y Palestina permiten a las canteras operar en su situación actual hasta que se acuerde el estatus final.
Posteriormente, analizó el artículo 55 de la Cuarta Convención de La Haya, que estipula que el poder ocupante "resguarde el capital" de los recursos naturales del territorio ocupado "y lo administre según las normas de usufructo". Beinisch ha determinado que las canteras tienen una actividad limitada que no supone la destrucción del "capital", por lo que, según su conclusión, no viola el Derecho Internacional.
Asimismo, ha señalado que Cisjordania se encuentra bajo una ocupación prolongada y continua y que el desarrollo económico del territorio no puede ser congelado hasta que ésta termine. En este sentido, ha destacado que las canteras generan puestos de trabajo y formación "a un número no despreciable" de palestinos, que parte de la producción es vendida a la población palestina y que las regalías que pagan los propietarios de las canteras al Estado son usadas por la Administración Civil en los territorios para financiar proyectos que benefician a la población palestina.