BRUSELAS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este martes un acuerdo para ampliar la clasificación de infraestructuras consideradas "críticas" para los países de la Unión Europea, para sumar al transporte y la energía otros sectores como el bancario o el de la salud, al tiempo que se establecen normas mínimas armonizadas para reforzar su protección ante nuevas amenazas.
Entre las claves de la nueva norma destaca que los Estados miembro tendrán que realizar estrategias nacionales para proteger las infraestructuras, llevar a cabo evaluaciones de riesgo e identificar y supervisar las entidades consideradas críticas.
El objetivo es armonizar los criterios con los que las autoridades nacionales consideran que una infraestructura es crítica o no para asegurar que se da protección a los mismos operadores y se cuenta con evaluaciones de riesgo adecuadas para mejorar la resiliencia de estos lugares ante posibles desastres o ataques.
Así, se ampliará el alcance de la norma a once sectores para que junto a la energía y los transportes se dé cobertura al sector bancario, mercados financieros, salud, plantas de agua potable y de gestión de residuos, administración pública, alimentación, infraestructuras digitales y el espacio.
Los operadores de las infraestructuras consideradas en esta categoría deberán realizar evaluaciones de riesgo por sí mismos e informar de posibles incidentes, sin detrimento de que los Estados miembro deban diseñar estrategias nacionales para mejorar la resiliencia y llevar a cabo evaluaciones de riesgo periódicas.
De acuerdo a las nuevas reglas, las autoridades nacionales podrán realizar inspecciones 'in situ' de las infraestructuras críticas y aplicar sanciones si detectan incumplimientos graves. Asimismo deberán designar puntos de contacto que sirvan de enlace con el resto de autoridades nacionales y garantizar así una correcta cooperación transfronteriza.
Según ha explicado el Parlamento Europeo en un comunicado, la nueva regulación incluye disposiciones en materia de Estado de derecho en el contexto de la resistencia ante nuevas formas de amenaza, por lo que incluirá medidas para gestionar la amenaza contra el funcionamiento de los sistemas nacionales que salvaguardan el orden democrático.
El acuerdo alcanzado entre los negociadores de las instituciones europeas necesita aún el visto bueno formal del pleno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete a nivel de ministros para que sea adoptada definitivamente y puesta en marcha.
