El Parlamento estudia enviar una nueva misión a Valencia para estudiar sobre el terreno las quejas de los ciudadanos
BRUSELAS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Eurodiputados populares y socialistas expresaron hoy su preocupación por el creciente número de denuncias ciudadanas que recibe el Parlamento Europeo sobre abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana y lo atribuyeron a que "hay algo que no funciona". La comisión de peticiones de la Eurocámara estudiará enviar una nueva misión de parlamentarios a Valencia, que sería ya la tercera en los últimos dos años, para analizar sobre el terreno las quejas.
La comisión de Peticiones discutió hoy dos quejas sobre supuestos abusos urbanísticos en la zona de protección del parque natural de las 'Lagunas de La Mata y Torrevieja' y sobre el desarrollo de tres urbanizaciones en la localidad alicantina de Parcent. En ambos casos se acordó dejar los expedientes abiertos a la espera de que la Comisión determine si se ha producido alguna infracción de la legislación medioambiental comunitaria.
El representante de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Paulo Silva, recordó que Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por vulnerar la legislación europea en materia de contratos públicos y que el pasado 12 de octubre envió un dictamen motivado exigiendo su modificación en un plazo de dos meses. "Estamos esperando la respuesta. Si no es satisfactoria, propondremos que se lleve el caso ante el Tribunal" de Justicia de la UE, explicó.
"Esta comisión debería cambiar de nombre, en lugar de llamarse comisión de Peticiones debería llamarse comisión de Valencia", criticó el eurodiputado británico del Partido Popular Europeo (PPE), sir Robert Atkins.
"Desde que formo parte de esta comisión, Valencia ha sido tema constante en nuestro orden del día. Nunca comento lo que sucede en España en cuestiones de planificación urbanística, pero una y otra vez nos hemos visto inundados por protestas provenientes de ciudadanos de otras nacionalidades, o sea que hay algo que no funciona, y ante esas circunstancias tiene que haber algún tipo de dictamen para garantizar que las cosas empiecen a marchar", recalcó el eurodiputado popular.
El laborista británico Michael Cashman fue el que propuso el envío de una nueva misión a la Comunidad Valenciana "ante el número creciente de peticiones que estamos recibiendo de la región de Valencia". El presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, se mostró dispuesto a estudiar esta petición y a visitar Valencia en el marco de un viaje más amplio a España.
Por su parte el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo pidió que se cerraran las quejas ante la comisión de Peticiones contra el urbanismo valenciano y dijo que "responden a una campaña mediática orquestada". "No se quiere tanto la satisfacción de las pretensiones legítimas de los ciudadanos cuanto aprovechar este Parlamento como un foro mediático en víspera de unas elecciones regionales", apuntó García-Margallo, que pidió a los eurodiputados que no se presten a "semejante utilización o instrumentación política".
A juicio del parlamentario socialista Joan Calabuig, el problema es que el Gobierno valenciano no ha actuado pese a que la Eurocámara ya censuró hace un año la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que fue sustituida por la LUV. "Lo que lamento es que, prácticamente un año después de que este Parlamento aprobara una resolución en la cual le pedía al Gobierno valenciano que solucionara el auténtico desbarajuste urbanístico que ha creado y su falta de control, todavía sigamos aquí recibiendo peticiones todos los días", dijo.
La queja sobre los abusos urbanísticos en el parque natural de las 'Lagunas de La Mata y Torrevieja' fue presentada en la comisión de Peticiones por su autor, José Jesús Sanmartín, que denunció que el Ayuntamiento de Rojales permitirá construir dentro del perímetro de protección chalets y zonas de aparcamiento. "La construcción de viviendas y servicios de una urbanización y las instalaciones de ocio que se pretende edificar no son compatibles con el nivel de protección otorgado a este espacio natural único. Consentir la destrucción de este suelo protegido sería un escándalo", dijo Sanmartín.
Le respondió en nombre del Gobierno valenciano el subsecretario de Territorio y Vivienda, Ramón Doménech, que aseguró no haber recibido ninguna alegación contra este proyecto y se mostró dispuesto a reconsiderar cualquier aspecto del mismo que tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente. "Nuestra voluntad es la protección del medio ambiente y hacer valer toda la legalidad vigente", dijo. Sanmartín aseguró que había presentado múltiples alegaciones.
El representante del departamento de Medio Ambiente de la Comisión, Placido Hernández, dijo que hasta el momento no había recibido información suficiente para evaluar si el proyecto vulnera la legislación medioambiental comunitaria y se comprometió a estudiar en un plazo de dos meses los nuevos datos suministrados por el peticionario.
Por lo que se refiere al caso de Parcent, donde el Tribunal Superior de Justicia acaba de paralizar un plan de actuación integrada (PAI) de 1.500 casas, la representante de la asociación 'Veïns de Parcent', Jacqueline Claire Cotterill, explicó que las nuevas urbanizaciones supondrán un gran aumento de población hasta "crear una nueva localidad" que "devastará" el paisaje. Criticó que fueron aprobadas por el Ayuntamiento dos días antes de que se derogara la LRAU y que no respetan la directiva de evaluación de impacto ambiental ni la directiva marco del agua y dijo que incluso el Síndic de Greuges ha pedido su retirada.
"A pesar del auto (del TSJ), del dictamen del Síndic de Greuges, y las condenas de la LRAU y de la LUV por parte de la UE, el consejero de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana continua defendiendo la LUV, incluso desafiando al Parlamento Europeo por cuestionarlo", dijo la representante de 'Veïns de Parcent'.
La alcaldesa de Parcent, la popular Carmen López, defendió que las nuevas urbanizaciones respetan la legislación comunitaria, rechazó los argumentos de los peticionarios, y les acusó de "manipular". "Soy objeto de una campaña política y mediática de enormes proporciones y pido el amparo de este Parlamento", dijo.
