JOHANESBURGO, 12 Nov. (Reuters/EP) -
Las familias de las víctimas de la matanza en Marikana han presentado este jueves una demanda contra el vicepresidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, por su supuesta complicidad en las muertes, según ha informado el Gobierno.
La violencia en la región de Marikana estalló en agosto de 2012 con las continuas manifestaciones de los trabajadores de la mina gestionada por la británica Lonmin en demanda de mejoras laborales. Las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza las protestas dejando 34 muertos.
Ramaphosa era director y accionista en Lonmin cuando ocurrieron los hechos y, según ha demostrado la comisión de investigación, en los días previos a la represión policial intercambió varios correos electrónicos con las autoridades sudafricanas sobre cómo gestionar la crisis.
El 'número dos' ha negado insistentemente que reclamara al Gobierno sudafricano una acción contundente contra los huelguistas. "Ya ha instruido a sus abogados para que se defiendan", ha indicado la Presidencia en un comunicado.
Las familias de las víctimas ya presentaron en agosto una denuncia civil contra el Ministerio de la Policía por el excesivo uso de la fuerza contra los mineros de Marikana.
La comisión de investigación recomendó en junio, al publicar sus conclusiones, llevar a cabo pesquisas penales contra las fuerzas de seguridad por "tomar malas decisiones" que provocaron un "derramamiento de sangre".
Los investigadores también cargaron contra Lonmin y los sindicatos mineros AMCU y NUM al considerar que no hicieron lo suficiente para rebajar la escalada de tensión, al tiempo que acusó a algunos manifestantes de portar "armas peligrosas".
La matanza de Marikana es el peor suceso ocurrido en Sudáfrica desde el fin del Apartheid, de ahí que el Gobierno creara una comisión 'ad hoc' para arrojar luz sobre lo ocurrido.