MÉXICO DF, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han anunciado el inicio de un nuevo estudio de fuego en el vertedero de Cocula, Guerrero, para determinar si se pudieron o no quemar en ese lugar los cuerpos de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
El nuevo estudio es el resultado de un acuerdo firmado el 20 de octubre de 2015 durante la audiencia pública del caso Iguala en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El acuerdo prevé que "se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones" para llevar a cabo el estudio y que "se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos".
Una vez que concluya el estudio, que ya está en desarrollo, los expertos entregarán a la PGR y al GIEI un informe conclusivo por consenso que deberá ser entregado antes del 31 de marzo.
"Toda la evidencia que se encuentra en el expediente por parte de los distintos peritos e instancias será puesta a consideración de los expertos, será analizada y contrastada antes de emitir su propio informe", indican ambos organismos, según recoge el diario 'Milenio' en su edición digital.
El estudio se realiza en atención a la propuesta de la PGR que atiende una de las líneas de investigación del caso Iguala, pero la propia PGR ha insistido en que se continuará investigando de forma paralela en otras labores ministeriales e indagatorias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la detención de todos los responsables.
CASO IGUALA
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres murieron en durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.
Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.
