GINEBRA, 1 May. (Reuters/EP) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, ha asegurado este lunes que duda de que la purga de altos cargos y funcionarios puesta en marcha por el Gobierno turco tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio cumpla "los estándares del debido proceso.
"Con unas cifras tan elevadas, es altamente improbable que las suspensiones y las detenciones hayan cumplido los estándares del debido proceso", ha afirmado el máximo responsable en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una rueda de prensa en Ginebra.
Zeid ha reconocido la necesidad de dar una respuesta a los atentados terroristas pero ha hecho hincapié en que esa respuesta no puede darse "a expensas de los Derechos Humanos". "Estoy muy preocupado por la renovación del estado de emergencia que se llevó a cabo a mediados de abril y por el clima de miedo en el país", ha afirmado.
También se ha referido a las detenciones de periodistas y ha dejado claro que el ejercicio del periodismo "no es un delito en Turquía". "Es un tema al que el Gobierno debe prestar una mayor atención", ha subrayado.
En Turquía hay unos 151 periodistas encarcelados, según datos del Instituto de Prensa Internacional, que define al país como la mayor cárcel para periodistas de todo el mundo. La mayoría de los reporteros que están entre rejas fueron detenidos en las purgas puestas en marcha tras el fallido golpe de Estado, según esta organización.
El mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos llega después de que el sábado las autoridades turcas cesaran a más de 3.900 funcionarios, incluidos militares y gendarmes, en el marco de una operación por su supuesta relación con la fallida asonada castrense.
Entre los relevados figuran 1.127 trabajadores del Ministerio de Justicia, incluidos celadores de prisiones y conserjes; 484 profesores universitarios y 201 trabajadores de la Dirección de Asuntos Religiosos.
Se trata de la segunda purga a gran escala tras la ajustada aprobación en referéndum el 16 de abril de la reforma constitucional que transforma el país en una república presidencialista con amplios poderes para el jefe del Estado, Recep Tayyip Erdogan.
El miércoles pasado más de 9.000 policías fueron suspendidos y un millar más fueron detenidos por presuntos vínculos con el clérigo turco afincado en Estados Unidos Fethulá Gulen, a quien Ankara atribuye la responsabilidad por el golpe de Estado.
Unas 120.000 personas han sido suspendidas o despedidas de sus trabajos en el sector público o privado y más de 40.000 han sido detenidas por su presunta relación con el golpe de Estado, que acabó con la vida de más de 240 personas.
