Las administraciones canarias reciben 3,5 millones para facilitar el acceso electrónico a los servicios públicos

Actualizado: viernes, 7 agosto 2009 14:49

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 proyectos, presentados por cabildos, ayuntamientos y mancomunidades de municipios, se repartirán este año más de 3,5 millones de euros, destinados a impulsar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones locales de Canarias, según la Resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias, por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

De esa cifra, de la que 3 millones corresponden a la aportación realizada por el Gobierno de Canarias y 500.000 euros al Plan Avanza del Ministerio de Industria, 2.536.465 euros se destinarán a financiar los 29 proyectos aprobados en el marco de la implantación de servicios electrónicos; 550.000 euros a 28 proyectos relacionados con servicios de formación y mejora de la calidad de procesos, y 442.803 euros a cuatro proyectos de infraestructuras y equipamientos Tecnologías de la Información y Comunicación para el soporte de servicios centralizados.

La publicación de esta Resolución es consecuencia de la Orden 2072, de 22 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Incentivos para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Locales de Canarias para el periodo 2009/2013, y forma parte de las 'Acciones para la Modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias', un plan con el que el Gobierno de Canarias apuesta decididamente por la modernización de las Administraciones públicas, entendidas como un instrumento al servicio de la sociedad, que genere la confianza de los ciudadanos e incremente la participación de éstos y que asegure la prestación de servicios de calidad.

Con este plan se pretende también cumplir la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos.