SANTA CRUZ DE LA PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La abogada de la Unión de Guardias Civiles (UGC) que defiende a un agente del Seprona que ha denunciado irregularidades de altos mandos en la isla de La Palma, María José Castro, ha admitido este viernes que el hombre tras hacerse público el caso el pasado miércoles ha recibido presiones y amenazas.
Castro indicó en declaraciones a Europa Press que desde que se dio a conocer el caso no sólo ha recibido presiones y amenazas el agente que ha destapado las irregularidades, sino también su entorno. Detalló que se trata de llamadas telefónicas "con número oculto" que se han producido a altas horas de la noche.
La letrada indicó que aunque no está grabado el contenido de las conversaciones, sí que están registradas las llamadas. No dudó en vincularlas a la rueda de prensa que ofreció el miércoles en Santa Cruz de Tenerife.
El agente acudió a los tribunales en 2008 para denunciar un caso en el que altos mandos de la Benemérita en la isla de La Palma recibirían presuntamente dádivas de empresarios relacionados con la construcción para evitar así que se les investigase por delitos urbanísticos. Hacer la denuncia por la vía de lo penal se debió a que el informe interno de la Guardia Civil no detectó responsabilidad en la acción de los altos mandos.
La denuncia que tramita el Juzgado número 2 de Los Llanos de Aridane contempla presuntas irregularidades de un constructor, aunque se podría ampliar a un segundo; un aparejador de un Ayuntamiento del Valle de Aridane; un brigada de la Guardia Civil; un sargento y varios particulares. Paralelamente a este caso se ha sumado otra denuncia del mismo agente contra el mismo sargento por un delito de amenazas.
LA CONVERSACIÓN
El constructor, Eloy Armas, ha negado en declaraciones a El Día que haya recibido trato de favor alguno ni que haya obtenido información reservada de la Guardia Civil para denunciar a su vez al agente que desveló el caso. Además relata al diario que no rebajó el precio de una vivienda en 40.000 euros a un sargento.
En el expediente del caso consta una conversación entre el teniente coronel primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, el capitán jefe de la segunda compañía en Santa Cruz de La Palma, y el agente del Seprona en la que el capitán afirma que "estaría encantado de la vida" de que le hiciesen rebajas.
Así en la conversación el teniente coronel pregunta que "si yo soy fontanero y este señor es constructor y resulta que es íntimo amigo de mi cuñado y me hace una rebaja de 40.000 euros o de 30.000 euros en el piso, no me la puede hacer" y el capitán jefe le responde "yo encantado de la vida".
Después el teniente pregunta si a un agente de la autoridad le pueden hacer una rebaja en una tienda y pone el ejemplo de los descuentos en las tiendas de los indios. "Voy a los indios y el indio me dice que no es 20, sino 15 euros. Vale de acuerdo, cohecho porque me ha rebajado cinco euros... hombre vamos", dice y concluye que "hay que ver las cosas en su dimensión".
