Ascav prevé la "erradicación" del alquiler vacacional de pequeños propietarios en Canarias si se aprueba la nueva ley

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación canaria de alquiler vacacional (Ascav) ha advertido este lunes de que si el Pleno del Parlamento de Canarias aprueba el próximo miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda supondrá la "práctica erradicación" de la vivienda vacacional en manos de propietarios particulares.

En su opinión, el "mortal talón de Aquiles" no es otro que la imposibilidad de cumplir con el requisito municipal de actividades clasificadas porque la ley se aprobó en el año 2011 y no contemplaba a la vivienda vacacional, cuyo decreto regulador se aprobó en el año 2015.

Por ello, Ascav lleva solicitando sin éxito la modificación de la ley de 2011.

De momento, apunta la asociación en una nota, "CC y PP tienen claro no aplicar el modo canario de hacer política y se proponen pasar el rodillo y aprobarla sin consenso de la única asociación que representa el sector, la patronal empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los profesionales, prácticamente todos los sectores que se alimentan de la actividad, los partidos de la oposición, la sociedad y por supuesto, las miles y miles de familias canarias que se dedican a la vivienda vacacional".

En esa línea insisten en que "lo escandaloso es que el Gobierno regional demoniza en Canarias la vivienda vacacional en su exposición de motivos para justificar la ley --en más de 40 páginas-- y, a nivel estatal, ensalza sus bondades".

Pone como ejemplo la 'Declaración de Sevilla' firmada por trece Comunidades Autónomas --entre ellas Canarias y todas gobernadas por el PP-- en las que se avala la vivienda turística y se expone que esta modalidad es ajena a la crisis habitacional en España.

"Es todo lo contrario de lo que se está aplicando en las islas, donde el Ejecutivo señala a la vivienda vacacional como culpable y responsable de la desigualdad y dificultades de acceso a la vivienda cuando, a nivel nacional se afirma todo lo contrario", comenta.

Para la asociación, "de aprobarse la ley, tal y como está redactada y no tenerse en cuenta las enmiendas presentadas, las consecuencias serán catastróficas para miles y miles de familias canarias y residentes propietarias de una vivienda vacacional además de todas las empresas gestoras e intermediadoras".

Así, afirma que "dejará de ser de todos los canarios y seguirá en manos de unos pocos, los de siempre, significará más pobreza, más precariedad y expulsará a miles de familias canarias del negocio turístico a sabiendas que esta ley no va a generar más viviendas residenciales para los canarios, será una hecatombe a nivel económico y social".

LA MAYORÍA DE VIVIENDAS ESTÁN EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS

No en vano, Ascav precisa que el 67% de las viviendas vacacionales "nunca fueron ni se convertirán en alquileres residenciales, puesto que se encuentran en complejos turísticos residencializados --según informe del Colegio Economistas de Las Palmas-- y la gran mayoría están registradas están en municipios turísticos, no en los residenciales, por lo que no detraen viviendas para residentes".

Por tanto, cree que el "único objetivo de esta ley sólo puede ser plegarse a los grandes tenedores y fondos de inversión en contra de los intereses y el bienestar de muchísimas familias".

"¿Por qué no se quiere diferenciar y proteger a los pequeños propietarios de vivienda vacacional?, la respuesta es evidente, dejando a los tiburones y a los boquerones en una misma pecera", se pregunta.

La asociación aún confía en que en el "último minuto de descuento" tanto el Pleno del Parlamento como el Gobierno "muestren un mínimo de sensibilidad con el devenir de miles y miles de familias propietarias de una vivienda vacacional y de todos los profesionales o empresas que las gestionan, los cuales en caso contrario y sin duda alguna, estarán condenados a desaparecer, engrosando las listas del paro".

Según Ascav, "las consecuencias no serán sólo devastadoras para los propietarios particulares y las empresas que las gestionan, sino para la sociedad en su conjunto, desaparecerán más de 2.000 millones de impacto directo que genera y factura en Canarias el sector de la vivienda vacacional, causando un agujero presupuestario en materia de impuestos, en IGIC y tramo autonómico de IRPF".