LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía, medida que esperar llegar a los 40.000 isleños cuando esté implementado al 100% aunque en una primera fase se prevé que alcance a los 10.000 beneficiarios.
Así lo ha informado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que se trata del último paso antes de su remisión al Parlamento de Canarias, esperando que pueda estar aprobado entre los meses de junio o julio.
"La Renta de Ciudadanía será un nuevo derecho, un instrumento que se materializa en una prestación dirigida a todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad para dotarlas de unos ingresos mínimos para hacer frente al día a día", explicó la responsable regional.
Con todo, se trata de una iniciativa que viene a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que en la actualidad cubre a casi 10.000 personas.
"El objetivo --continuó--" es que la Renta de Ciudadanía pueda proteger en un 100% a unas 40.000 personas en todo el archipiélago", para matizar que tiene ciertos avances en relación a la PCI.
Santana se refirió aquí a que tendrá una cuantía superior, siendo una cuantía mínima de 517 euros para una persona sola y de 1.100 euros para una familia con cuatro hijos y dos progenitores.
Además, la consejera apuntó que la Renta no tiene límites en el tiempo, por lo que las personas que sigan en situación de pobreza van a poder seguir siendo beneficiarios mientras continúa su situación.
De igual modo, Santana indicó que se agilizan los trámites con el objetivo de acortar las listas de espera para recibir una prestación mínima.
Por su parte, la nueva Renta equipara al Archipiélago con el resto de comunidades autónomas al tener una renta garantizada y mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI.
El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias.
Con todo, la medida se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.
TRES MODALIDADES DE RENTA
Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.
Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.
Además, el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.
También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.
