Canarias solicita al Estado avanzar en la cogestión de aeropuertos y el control de incentivos fiscales del REF

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que se ha realizado una petición formal al Gobierno de España para que se produzca una comisión bilateral para avanzar en dos competencias; la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos integrados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que el objetivo es poder seguir avanzando en el autogobierno del archipiélago en aquellos temas incluidos en el Estatuto de Autonomía.

En concreto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo sustenta dicha solicitud formal en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado.

En su artículo 161, el Estatuto recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando en la toma de decisiones de Aena o con otras fórmulas que podrían ponerse sobre la mesa.

Dicho artículo indica que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

Por su parte, en una carta remitida este lunes por el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, Clavijo reclama que "acordemos la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia".

Con esta petición formal, Cabello apuntó que Canarias abre el camino de la negociación con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago, algo "fundamental para defender el derecho de los canarios a contar con una buena conectividad aérea". "Si hay alguna comunidad autónoma que debe tener voz y voto en la toma de decisiones de Aena es Canarias", subrayó.

CONTROL TRIBUTARIO DE LOS INCENTIVOS FISCALES DEL REF

Sobre el control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía.

Esta disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma.

La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que el control tributario por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal "permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea".

En este caso, la carta remitida al ministro Torres especifica que el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF "se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal".

El Ejecutivo canario reclama que, en el marco del citado proceso bilateral con el Estado, "se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución -total o parcial- de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado".

Con todo, el Gobierno de Canario negociará asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago.

La competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, "manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente".

Asimismo, el Ejecutivo canario considera que debería debatirse la atribución a la Comunidad Autónoma de facultades para la emisión de criterios interpretativos y consultas tributarias vinculantes en relación con la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de las inversiones y gastos susceptibles de acogerse a los mismos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.

Finalmente, el documento solicita al Estado tratar en la negociación la necesidad de "reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago".