Canarias tiene un déficit de 10.607 plazas para dependientes, según directores de Servicios Sociales

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SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Canarias presenta un déficit de 10.607 plazas residenciales para personas mayores de 65 años dependientes, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que recoge que en las islas hay un total de 9.935, con una ratio de 2,42 por cada 100 personas mayores.

El informe señala también que la ocupación de las residencias en el archipiélago, tanto públicas como privadas es del 99,9% --17 puntos por encima de la media nacional--, con una media de 51,4 plazas, lejos de las 73,5 en el conjunto de España.

Según las estimaciones de la entidad, a nivel nacional son necesarias más de 50.000 plazas más para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran depedencia y casi 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años.

La ocupación total de centros residenciales alcanza el 82,4% de las plazas existentes de tal forma que un total de 339.655 personas viven en residencias, 62.634 más que el año anterior (+15,9%).

En los cuatro años posteriores a la pandemia, las plazas residenciales han aumentado en 23.075, mientras que la población mayor de 65 años se ha incrementado en más de 800.000 personas.

Según los últimos datos oficiales, 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III de dependencia están en lista de espera para una plaza de residencia, más otros 57.091 personas que están pendientes de valoración y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados.

Si se aplica el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de grado III y 21% de grado II) la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.

Además, hay 6.652 programas individuales de atención (PIAS) no efectivos de residencias y 12.070 PIAS no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias.

A estos datos hay que añadir las revisiones de grado solicitadas por empeoramiento.

"De ahí la estimación de que serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia", ha argumentado la entidad de directores y gerentes.

CCAA CON MÁS DEMANDA

Las comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente pues entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%), mientras que en siete comunidades hay un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 16.712, y, en otras cinco hay una ocupación casi completa de sus plazas residenciales con porcentajes superiores al 95% --Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid--.

En opinión de la asociación, estos datos sugieren "una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan, como Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana".

Respecto la tipología de las plazas residenciales, el 71,1% de las destinadas a personas mayores son de financiación pública --un total de 292.986--, frente a las 119.123 exclusivamente privadas.

Las plazas de financiación pública incluyen aquellas que están en centros públicos, las concertadas en centros privados las que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha, aunque por debajo de la ratio de cinco plazas.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón y las que menos son Canarias, Murcia y Valencia.

Respecto a la estrategia del Ministerio de Derechos Sociales para desinstitucionalizar los cuidados de las personas dependientes, los directores y gerentes han lamentado que no se haya dado pasos en este sentido.

Como ejemplo, ha mencionado los "datos tan pobres y la escasa evolución de los últimos años" de la cobertura de la asistencia domiciliaria. La media de horas de atención y cuidados alcanza 23,8 mensuales, "ni siquiera tres horas más que en el año 2012".