Colectivos sociales exigen la retirada del decreto canario de vivienda pública

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y la plataforma Derecho al Techo han emitido un comunicado conjunto en el que exigen la retirada y la nulidad del decreto de vivienda pública aprobado por el Gobierno de Canarias que fija una residencia mínima de diez años en el archipiélago.

"Consideramos que este decreto es ilegal y jurídicamente impugnable, ya que vulnera normas de rango superior, como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española", detallan.

Los colectivos remarcan que un decreto "es una norma reglamentaria subordinada a la ley y a la Constitución, por lo que no puede restringir, limitar ni reinterpretar derechos fundamentales reconocidos en ellas" y cuando lo hace, "incurre en nulidad de pleno derecho o, como mínimo, en causa de anulación".

No obstante, aclaran que sí comparten la necesidad de modificar el sistema de adjudicación y pasar del modelo de sorteo hacia un sistema basado en la valoración de la vulnerabilidad social, económica y habitacional de las personas solicitantes.

"El acceso a la vivienda pública debe priorizar a quienes más la necesitan", apuntan.

Sin embargo, inciden en que la forma en que se ha aprobado este cambio es "inaceptable" porque "impone requisitos discriminatorios y excluyentes que dejan fuera a miles de personas en situación de necesidad".

En esa línea explican que el requisito de diez años de residencia "contradice y vacía de contenido" el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.

"Resulta especialmente grave la vulneración del artículo 17 del mismo Estatuto, que garantiza a los canarios en el exterior el derecho a que se les faciliten las condiciones necesarias para su regreso e inserción social", afirman.

Los colectivos entienden que este decreto "castiga" a trabajadores y estudiantes canarios "que se vieron obligados a emigrar y que, al retornar a su tierra, son tratados como ciudadanos de segunda", vulnerando su derecho a la igualdad reconocido tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución.

Incluso señalan que a nivel internacional, esta medida ignora el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que obliga a los poderes públicos a garantizar el acceso a la vivienda para combatir la exclusión social, sin que este derecho pueda verse anulado por criterios de arraigo cronológico arbitrarios.

VULNERACIÓN DEL DERECHO EUROPEO

Asimismo, entienden que contraviene de forma "flagrante" el Derecho de la Unión Europea, específicamente el principio de no discriminación y el derecho a la libre circulación, dado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "prohíbe requisitos de residencia desproporcionados que penalicen la movilidad ciudadana".

A su juicio, "imponer una residencia mínima de diez años no protege a la ciudadanía, no incrementa el parque público de vivienda y no frena ni la especulación inmobiliaria ni el uso turístico de la vivienda, este decreto lo que hace es blindar la escasez estructural de vivienda pública, desplazando el problema hacia los sectores más vulnerables y fomentando la exclusión social y la desigualdad".

Así, afirman que el derecho a la vivienda "no se defiende levantando barreras administrativas ni mediante la arbitrariedad de los poderes públicos, sino cumpliendo el Estatuto de Autonomía, respetando la Constitución, invirtiendo de forma decidida en vivienda pública, regulando el mercado y poniendo límites reales a la especulación".

Por todo ello exigen también la apertura de un "proceso real de diálogo social para construir un sistema de adjudicación justo, legal y centrado en la vulnerabilidad, sin criterios excluyentes ni discriminatorios".