Los colegios de Trabajo Social de Canarias alertan de "crisis estructural" en la Consejería de Bienestar Social

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han advertido este martes de su "profunda preocupación" ante la "crisis estructural sin precedentes" que sufre la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y cuyas consecuencias recaen en las personas "más vulnerables" y en el personal.

En un comunicado conjunto señalan que hay una "situación insostenible" que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones debido a la "falta de planificación, descoordinación y sensación de abandono institucional" en todas las áreas sociales del Gobierno de Canarias.

En esa línea denuncian el "colapso" en las valoraciones de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía y la deficiente gestión de otras prestaciones como las 'tarjetas monedero' y se muestran "expectantes" ante la entrada en vigor del "polémico" decreto de valoración de la dependencia el próximo 26 de mayo.

Así, los colegios profesionales consideran que se da una "crisis estructural de gestión política que afecta a derechos básicos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y que pasa por la falta de dotación de personal desde hace años que este gobierno quiere enmascarar".

"Los problemas no están en los equipos técnicos, sino en la gestión política y organizativa del Gobierno de Canarias. Las profesionales están sosteniendo el sistema a pesar de la sobrecarga y la descoordinación. El deterioro es responsabilidad del Ejecutivo, no de quienes lo están denunciando desde dentro", afirman desde ambas entidades.

Los colegios denuncian también que las "debilidades estructurales" deben resolverse desde lo público, "no con soluciones externalizadas que agravan la desigualdad y ponen en peligro la calidad e imparcialidad del Sistema".

A su juicio, "los servicios sociales no pueden gestionarse bajo lógicas de opacidad o presión política, están para garantizar derechos, no para fabricar estadísticas".

Así, detallan que no pueden seguir siendo "cómplices silenciosos" del deterioro de los servicios sociales por lo que iniciarán una ronda de consultas y un seguimiento "riguroso y constante" de la situación, manteniéndose "vigilantes" ante el "malestar creciente" de los profesionales.

"Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la defensa del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Nos posicionamos ante una gestión que pone en riesgo los derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y precariza a quienes trabajamos por su atención", apuntan.