Constructores de Las Palmas acusan a las administraciones públicas por el uso "abusivo" de Tragsa para realizar obras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas han acusado este viernes a las administraciones públicas por el uso "abusivo" de la empresa pública Tragsa para realizar obras en el archipiélago.

Asegura la asociación, en un comunicado, que "más de 1.000 millones de euros, equivalentes a 943 obras, se han desviado de forma directa" hacia la empresa pública estatal Tragsa en los últimos seis años, en los que se ha ido "pasando de puntillas" por la legalidad, al apuntar que se ha ido "eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público, de su propia ineficacia, y duplicando los costes finales de ejecución".

Señala que este "dudoso y sospechoso" comportamiento de las administraciones públicas "genera una competencia desleal" respecto de las empresas que operan en el mercado, de tal forma que está "debilitando su posición en el mismo, haciéndolas menos competitivas e impidiéndoles su crecimiento y especialización".

En este sentido, la AECP ha expuesto que "sin concurrencia, no hay competencia, y sin competencia, se cae el sistema de contratación pública".

La asociación se refiere a cifras como las del año 2024, en el que indican que el 44,17% de las adjudicaciones de obras "tuvieron un único licitador", mientras que la media de licitadores en los contratos adjudicados "se hundió hasta 2,94", lo que constituyó una "amenaza" para la ejecución de los fondos europeos y la puesta a disposición de infraestructuras y equipamientos.

"El uso abusivo y más que cuestionable de "medios propios" que se consigue sólo con poseer un 0,01% de su capital amparan una práctica perversa y las cifras resultan preocupantes: y es que se está constatando que existen numerosos procedimientos que finalizan sin participantes --desierto--", apuntilló.

La AECP expuso que en el año 2024 las administraciones públicas han "triplicado" sus encargos directos, "sin pasar por licitación, a Tragsa", mientras que lo que se refiere a presupuestos (387 millones de euros) ha crecido un 237% y se ha "duplicado" en cuanto a obras (224; +91,5%).

En relación al año 2025, indican que hasta el mes de octubre, Tragsa "ha recibido encargos por importe de 123,48 millones de euros y 99 obras"; mientras que lamentan que "al mismo tiempo 490 millones de euros, equivalentes a 854 obras, han quedado desiertas en los últimos cinco años".

Al respecto, critican que son las administraciones locales las que "acuden a esta reprochable y dudosa fórmula con más frecuencia" (60% sobre el total), seguida de la comunidad autónoma con un 18% y el Gobierno estatal con un 10%, además de organismos interpuestos en un 11%.

Además califican de "escandaloso" el dato a octubre de 2025, ya que "duplica" el presupuesto (176,5 millones de euros) y "casi duplica" el número de obras desiertas, entendiendo que la "razón fundamental" de ello "es el efecto dumping que generan las administraciones públicas licitando obras con precios que están por debajo de los de mercado y que más tarde encargan a Tragsa duplicando su coste", criticando que "ignoran los convenios colectivos, minimizan la acción preventiva de riesgos en las obras o eluden la gestión de residuos", entre otras cuestiones.

A modo de ejemplo, la AECP cita la obra de mejora del saneamiento del núcleo de El Cotillo, en Fuerteventura, con un importe de licitación de 1.797.366,05 euro a fecha de adjudicación del 12 de junio de 2020, con un importe de adjudicación a una empresa privada de 1.743.445,07 euros, y por "problemas administrativos" entre la adjudicataria y el órgano de contratación se resolvió el contrato el 16 de noviembre de 2023, adjudicándola a Tragsa en 2025 por un importe de adjudicación de 2.906.511,00 euros.