LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas ha reclamado que los 160 millones de euros derivados del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresa (IGTE) se inviertan en infraestructuras como "garantía de cohesión social y territorial".
La Asociación exige esta inversión después de que la supresión del ITE estén "blindadas en el convenio de carreteras" que tienen Gobierno central y canario en 1997 y 2006, así como en el "propio Régimen Económico y Fiscal(REF) canario".
De esta forma, se refieren al 'debate' suscitado en cuanto al convenio de carreteras y es por lo que la AECP recuerda que estos "tienen un destino blindado en el REF de 1991 y en su posterior modificación en 1994, así como en el Convenio de Carreteras suscrito en 2006", según informó la Asociación en nota de prensa.
En este sentido, indican que estos hechos jurídicos "garantizan que, una vez declaradas de interés general las infraestructuras en Canarias y alcanzado dicho estatus, se establece que la inversión del Estado no será inferior al promedio que correspondiese al conjunto de las comunidades", además de excluir estas inversiones de las que "corresponden por el hecho insular".
Asimismo, se hace mención al "exponendo" del Convenio de Carreteras, así como al artículo 12 del REF, donde indica que el Estado "se obliga a dotar las transferencias a Canarias, como mínimo con el 50 por ciento de la recaudación normativa líquida atribuida al Estado como compensación por la supresión del IGTE".
Esto, añade, sería que la "totalidad del importe que se baraja" tendría como destina la inversión en infraestructuras. Por ello, señalan desde la AECP esto "respalda la reivindicación empresarial en cuanto a la necesidad de invertir en actividad productiva y a que no se escape dicha cantidad".
Por otro lado, la AECP también ha pedido la revisión del Convenio de Obras Hidráulicas, así como de las cantidades a invertir en los próximos ejercicios y su inclusión en las negociaciones, agregando que las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura "deben ser escuchadas de cara a la inversión en este tipo de infraestructura".
Finalmente, apela a la "lealtad institucional" al considerarla "imprescindible", al tiempo que solicita "responsabilidad política" en las negociaciones Canarias-Estado por ser "un momento en el que se han generado grandes expectativas".
